Por Redacción Yo También
“Queremos ser tomadas en cuenta”, resume Edith Juárez la decisión para sumarse a una iniciativa colectiva que busca obtener un amparo para que las personas con discapacidad, incluidas quienes están entre los 15 y los 39 años, reciban la vacuna contra el COVID-19.
Edith es mamá de Abigail Guadalupe Luján Juárez, de 21 años, quien tiene parálisis cerebral infantil, pero también es una de las al menos 50 familias que ya tramitaron amparos para que las personas con discapacidad reciban la vacuna de manera urgente y prioritaria.
La decisión de estas familias tiene fundamentos médicos sólidos. Estudios internacionales han documentado cómo los riesgos de contagio y las posibles consecuencias de esta enfermedad se magnifican en este grupo poblacional, que en México está integrado por poco menos de 21 millones, según el Censo 2020 del Inegi.
En estos meses, asociaciones, activistas y personas con discapacidad emprendieron una serie de acciones para lograr que la secretaría de Salud los tomara en cuenta en la estrategia nacional de vacunación. Ello no ha ocurrido, aún.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el pasado 8 de junio que estaban “próximos a anunciar” el registro accesible para personas con discapacidad en el portal mivacuna.salud.gob.mx; una semana después, hasta este 16 de junio el sitio no ha tenido modificación alguna.
Mientras que, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud y el funcionario que ha mostrado mayor interés en escuchar a las asociaciones de personas con discapacidad, dijo que aún faltaban por vacunar poco más de 4.4 millones de este grupo, de los poco más de los 20 millones 800 mil que tiene registradas el Inegi.
Por eso la licenciada Yasmín Rosales, del equipo especializado en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), encabeza la cruzada legal que emprendieron las al menos 50 familias para recibir el amparo de la justicia conforme a los parámetros de protección a los y las más vulnerables establecidos por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Esto, porque no solo buscan garantizar la vacunación en este momento, sino que el Estado, como garante y firmante de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, establezca protocolos presentes y futuros para la atención prioritaria de este grupo ante situaciones de riesgo, emergencias humanitarias (incluidas la pandemia), con énfasis en aquellas que enfrentan enfermedades crónicas asociadas.
“No queremos que sean tomados en cuenta solo para esta primera aplicación, sino para todas las aplicaciones que se llevarán a cabo cada año”, explica Edith Juárez.
“Espero y deseo que se logre. Que mi hija, este año y los demás, sea considerada para la vacuna, que sea de las primeras y no tenga que esperar su turno; no me vayan a decir cómo con la vacuna de la influenza: ‘no la necesita’”.
Las acciones legales emprendidas buscan que la vacuna sea aplicada en condiciones adecuadas, es decir, que en la atención de las personas con discapacidad se den también las siguientes condiciones:
- Que haya barreras para mantener la higiene básica
- Que se cuide la sana distancia
- Que se eliminen las barreras físicas, actitudinales y de comunicación que les permitan tener información clara sobre cómo protegerse del contagio.
