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La justa revolución que logró Arturo Medina Vela

Bajo un cuadro de gran formato de Benito Juárez están siete personas sentadas en sillas individuales, son hombres y mujeres, a los que no se aprecia bien por lo retirado de la toma. Todos y todas usan cubrebocas. Unos pasos hacia enfrente y hacia el lado derecho, de frente al salón, un hombre de traje oscuro, cabello y barba negra, habla ante un par de micrófonos colocados en un atril transparente. Un poco adelante está un monitor cuya pantalla se ve en azul.

Hace 10 años a un joven con discapacidad psicosocial e intelectual lo detuvieron y encarcelaron. Este lunes, el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública y anunció medidas de reparación.

Por Katia D’Artigues 

A diez años de que fue detenido, cuatro años de estar privado de su libertad, tras un proceso de otros cuatro años donde una organización de la sociedad civil, Documenta, A.C. litigó su caso ante la ONU para documentar que sus derechos humanos y de acceso a la justicia fueron violados, este lunes el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad intelectual y psicosocial. 

Es un hecho inédito. Un dictamen histórico que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad manda a México: el primero, además, sobre el que se pronuncia respecto al caso de una persona en particular y que está llamado a transformar las instituciones de justicia del país. Además de que busca garantizar que las personas con discapacidad en México puedan acceder a la justicia, a sus derechos humanos y al ejercicio de su capacidad jurídica, es decir, a decidir sobre sus propias vidas, sobre todo que, si viven con una condición de salud mental, que puedan decidir sobre su tratamiento.

En el salón Benito Juárez de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, además de ofrecer la disculpa pública, anunció la reforma a tres leyes como parte de las medidas de no repetición.

Aseguró que estas tres leyes deben armonizarse con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y que Gobernación trabajará junto con la sociedad civil para presentarlas lo antes posible. Aún no se sabe si lo harán vía un legislador, pero no descartó que las presente el mismo presidente de la República. 

“México tiene una deuda enorme para eliminar las barreras en las leyes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos”,

dijo Encinas. 

Aseguró que este fallo debe garantizar que “cientos de miles” de personas con discapacidad en el país accedan a la justicia. Son tres reformas que impiden que personas con discapacidad -sobre todo intelectual y psicosocial- puedan acceder a la justicia y ejercer su capacidad jurídica sobre todo en ambientes institucionalizados como hospitales psiquiátricos o centros penitenciarios.

Estas tres leyes son:

1) El Código Penal de procedimientos penales respecto a la figura de “inimputabilidad” (cuando se supone que una persona no tiene capacidad de comprender y ya sea que no son sujetos de penas o se puede atenuar su pena, lo cual a veces excluye el uso de ajustes razonables y al procedimiento) y las “medidas de seguridad” (usadas en dos sentidos: para que no se vulnere durante todo el proceso la dignidad y garantías propias de las personas con discapacidad así como para que no se exponga a persona alguna por el supuesto peligro que podría provocar esa persona con discapacidad, algo que muchas veces cae en prejuicios).

2) El Código Civil y de Procedimientos Civiles respecto a las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

3) La Ley General de Salud en lo relativo a internamientos involuntarios y restricciones a la capacidad jurídica de las personas usuarias de servicios de salud mental. 

Son tres reformas que, junto con la capacitación a toda la cadena de justicia -desde policías, a Ministerios Públicos, jueces, juezas, personas defensoras de derechos humanos-, debe cambiar de manera sustancial la forma en que acceden a la justicia las personas con discapacidad en el país.

Fotografía de cuatro personas, dos mujeres que usan vestidos cortos, negros, arriba de la rodilla y cubrebocas negro. La mayor, a la orilla, lleva una bolsa negra que cuelga de su mano, y botines también negros; tiene el cabello largo, café. La segunda, más joven, tiene el cabello rubio, largo y con ondas largas. Le siguen dos hombres, uno de traje gris, con corbata y cubrebocas a juego, y el otro, de cabello negro como su cubrebocas, viste pantalón de mezclilla deshilachado de las rodillas y camisa de manga larga azul oscuro. Están de pie en un estacionamiento.
Arturo Medina Vela con su mamá y hermanos.

La emoción y los nervios

Con un traje gris oscuro, corbata negra con gris, tapabocas del mismo color, Arturo Medina Vela llegó acompañado desde las 10 de la mañana a la secretaría de Gobernación por su familia: su madre, Judith y sus hermanos mayores: Talhía y Diego Alexis. Venían junto con el equipo de Documenta, A.C. que representaron a Arturo y a su madre, quien es considerada también víctima indirecta. 

Ahí, al pie del cañón, María Sirvent y Diana Sheinbaum, las fundadoras de la organización quienes litigaron el caso durante cuatro años y en todo momento acompañaron a la familia.

Se percibía la emoción por el momento tan esperado, por los enormes cambios que pueden generar para miles de personas…  pero también los nervios.

Fotografía de un hombre y una mujer, sentados bajo un cuadro de gran formato de Benito Juárez, con la banda presidencial en el pecho. Las dos personas tienen a su lado un par de sillas vacías. El hombre viste traje color gris, cubrebocas y corbata a juego. En la mano izquierda sostiene un teléfono. A su lado, una mujer de vestido y botines negro, con cabello oscuro, largo, y cubrebocas negro.
La espera. Arturo Medina Vela y su mamá, Judith Medina Vela.


“El más nervioso es Arturo”, decía Diego, sentado en un sillón de la sala adjunta al salón, donde había agua, café, refrescos, galletas y unos sandwiches para los invitados. Diego veía a su hermano con una sonrisa. Arturo alternaba entre ver su celular y revisar las ideas que había escrito en una libreta por si decidía tomar el micrófono y hablar… cosa que al final no hizo. 

Aunque el evento estaba programado para iniciar a las 11 horas, la llegada de los funcionarios tardó un poco más. Antes de comenzar, Arturo tomó un refresco de manzana y se lo llevó a su silla que estaba junto a la de Alejandro Encinas y justo debajo del cuadro de metro y medio de Benito Juárez que da nombre al salón.

El evento comenzó con una falla: no había intérprete de Lengua de señas mexicanas presente. Tampoco estaba en la transmisión en vivo por Youtube (luego ya estuvo). 

Los compromisos

En el presidium estuvieron Christopher Ballinas, director general de derechos humanos y democracia de la secretaría de Relaciones Exteriores; Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México; Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la defensa de los Derechos Humanos de Gobernación; María Sirvent, de Documenta, AC y, claro, Arturo y su mamá. 

En el auditorio, estaba en primera fila Amalia Gamio, la mexicana que es experta independiente del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, y Geraldina González de la Vega, de Copred

También por ahí Paula Noguiera Leite, coordinadora de Estudios, legislación y políticas públicas de Conapred (que sigue sin titular) y quien participará también en la redacción de los proyectos de ley. Nadie que haya reconocido -yo al menos- de Conadis (que también sigue sin titular). También integrantes de tribunales de la Ciudad de México y claro, integrantes de la sociedad civil que trabajamos con y para personas con discapacidad. 

“Estamos en este acto para ofrecerte, Arturo Medina Vela, una disculpa pública a nombre del Estado Mexicano.

«No sólo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción y la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la convicción de quienes representamos al Estado Mexicano en este acto”, dijo Encinas. 

Arturo a la mera hora decidió no hablar, pero sí lo hizo su madre, Judith:

“Aceptamos las disculpas que el Estado Mexicano nos da, gracias. Pero también es necesario recordar y tomar conciencia que existen muchos casos como el de Arturo y que es necesario que se cambien las leyes y los procedimientos y el actuar de las autoridades en todos los niveles, en especial los que tienen el primer contacto como son los policías y ministerios públicos. ya que, por nuestra experiencia, se burlaron, nos discriminaron e hicieron mofa en todo  momento, de mi hijo, de su sufrimiento y de toda mi familia”. 

El discurso de Ernestina Godoy fue claro y muy bueno. Habrá que guardarlo. En perfecto tono de derechos humanos se comprometió a -en la transición de la fiscalía que dirige- a hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad a la justicia vía muchas acciones que contempla, por ejemplo, capacitar a todos los integrantes de la cadena de justicia. A implementar ajustes razonables y de procedimiento. A transitar de un paradigma médico al social. Anunció que ya ha tenido capacitación de Documenta y que firmarán un acuerdo con la asociación. 

Lo mismo dijo Rafael Guerra, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, quien también ya trabaja con la organización que acompaña al menos 100 casos mensuales de personas con discapacidades en procesos judiciales de la Ciudad de México. 

A Arturo también se le dará una indemnización y se le reembolsarán los gastos judiciales del proceso. 

“Objetos de tratamiento y no sujetos de derecho”

Maria Sirvent fue dura y clara. Si bien el acto de la disculpa pública es un buen paso y se agradece, eso no reparará el daño hecho a Arturo, a quien se dirigió en gran parte de su discurso. Agradeció a él y a su madre la confianza en representarlos. 

Lo importante, dijo, serán los pasos que el Estado mexicano debe dar para la no repetición.

El caso de Arturo, dijo Sirvent, “deja claro lo profundamente enraizados que están en las instituciones de justicia prejuicios que tratan a las pcd como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos”.

Recordó que hoy por hoy en México las personas con discapacidad siguen en situación de desigualdad legal por la falta del reconocimiento a su capacidad jurídica. Puso ejemplos: no todos pueden comprar una casa, casarse, firmar un contrato laboral. 

“No sólo eso. Hoy en día en México la ley avala que las personas con discapacidad sean internadas en todo tipo de instituciones de ámbito sanitario y asistencial por largos periodos en contra de su voluntad.

“Miles de personas con discapacidad permanecen en prisión sin conocer por qué delitos se les acusa, sin tener acceso a una defensa efectiva, sin saber cuándo y cómo podrán obtener su libertad. Y muchos se quedan ahí porque no tienen familiares que se hagan responsables de ellas.

“Esperamos que este acto marque el inicio de un proceso de transformación profunda en las instituciones de justicia de nuestro país”.

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