Por Katia D’Artigues
Aunque en la secretaría de Relaciones Exteriores, vía Christopher Ballinas, aseguró que había 21 instituciones del Estado Mexicano que no habían reportado acciones para sustentar el avance en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (que el pasado 3 de mayo cumplió 13 años de su entrada en vigor al país), resulta ser que una institución sí presentó un reporte que no tienen contabilizado: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) que depende de Gobernación.
La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me hizo llegar un par de documentos donde esta institución -que sigue acéfala desde la renuncia de Mónica Maccise en junio de 2020- documenta que sí ha realizado acciones en 9 rubros, incluyendo el apoyo a la secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de la recomendación, hecha en 2019 sobre el caso en particular de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial al cual se le violaron sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad jurídica.
También, asegura CONAPRED en el documento que pueden leer aquí que incluso apoyó a la secretaría de Relaciones Exteriores para sustentar los Informes Periódicos 2o. y 3o. combinados de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención. Una versión más detallada está acá.
El caso Arturo Medina Vela
Aunque el plazo puesto por el Comité de Expertos de Naciones Unidas para que el Estado Mexicano ofreciera una disculpa pública y tome medidas de no repetición en el caso de Arturo Medina Vela expiró el pasado 26 de marzo, en la secretaria de Gobernación dicen que ya están “iniciando el proceso”.
Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación me dijo: “La Unidad ha retomado el proceso de coordinación con Documenta-Análisis y acción para la justicia social, A.C. (representación legal de Arturo Medina) para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo componente de partida será el acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública del Estado, el cual se proyecta pueda llevarse a cabo entre junio y julio próximos”.
Esperemos a junio o julio, pues.
Medina es un joven con discapacidad psicosocial que estuvo preso durante 4 años y se le negó su derecho a la defensa porque el estado le puso una “medida de protección”, al declararlo “inimputable” que le negó su derecho a la defensa. Puedes leer un resumen de su caso aquí.
Otras ‘acciones’ de Conapred.
En el documento mandado por Sánchez Cordero, Conapred dice que entre diciembre de 2018 a marzo de 2021 también:
- Participó en el proceso de reforma a la Ley General de Educación para la incorporación plena del criterio de educación inclusiva así como en el “proceso de integración de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva -ENEI- “ derivada de esa reforma para “materializar el carácter inclusivo de la educación”.
- Que en su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2020-2024 “incluytye acciones puntuales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
- Que dio varios cursos que llegaron a 36 mil 202 personas sobre temas de discapacidad, distribuyó 7 mil 269 ejemplares sobre derechos de personas con discapacidad, publicó un documento específico sobre los resultados de personas con discapacidad de la ENADIS 2017 y tamibén hizo una versión en lectura fácil de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el 2021 publicó el libro “sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación” que contiene casos de personas con discapacidad.
- Que tuvo varias acciones de vinculación del tema de discapacidad con otras instituciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Conacyt, Inmujeres y la Profeco.
- Que iniciaron en 2020 el proceso para transformar la Norma Mexicana NMX-r-025- SCFI.2015 sobre Igualdad Laboral y no discriminación en Norma Oficial Mexicana
- Que desde el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año iniciaron 69 expedientes de quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con personas con discapacidad.
- Que desde 218 lanzaron una campaña llamada “Incluir para crecer” que incluyó a pcd.
- En la pandemia que participaron en la integración y publicación de la “guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19” que hizo la secretaría Salud y revisaron la Guía Bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica así como la defensa de pcd y otras poblaciones frente a restricciones de horario e ingreso a establecimientos comerciales de bienes y servicios.
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