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El dolor no importa al gobierno mexicano (y eso es tortura)

Fotografía de la Organización Panamericana de la Salud sobre cuidados paliativos en la que se aprecian tres manos. Dos de ellas son de una persona joven que toma la mano de una persona mayor, en la que se aprecian las huellas del tiempo en la piel. La persona mayor está en una cama de hospital tapada con una manta azul claro estampada con logotipos de ese centro hospitalario, y la persona joven está sentada sobre la cama y viste pantalón y saco en un tono de azul pálido.

Solo 25% de las personas recibían tratamientos paliativos en el país antes de la pandemia. Aliviar el dolor es un derecho universal que, negado, lo convierte en tortura.

Por Bárbara Anderson

Sufrir de dolor no es normal. Los pacientes tienen el derecho (en la institución que se atiendan) de solicitar apoyo para no sufrir. Los médicos y el personal de salud tienen que saber y conocer de paliativos para que ninguna persona tenga que ‘aguantarse tantito’: la ciencia ha avanzado en este sentido y también existen recursos muy antiguos y baratos como la morfina.

En México, 600 mil personas requerían cuidados paliativos y control del dolor. Estos datos son de 2019, cuando la pandemia aún no llegaba a dar otro golpe extra al sistema de salud.

Hasta antes de 2020, solo 25% de las necesidades de los pacientes estaban cubiertas.

“Los calmantes que antes se fraccionaban para todo un año, en el 2020 se acabó en tres meses, en julio ya era muy difícil conseguir sedantes”, me contaba hace unos meses Silvia Allende, jefe de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) y promotora del acceso a medicinas contra el dolor en el país.

A principios de 2021, cuando el semáforo epidemiológico estaba al rojo vivo, la revista The Lancet publicó el informe “Crisis y desigualdad: acceso a medicinas opioides en México”.

Este reportaje indica que la baja oferta de medicinas opiáceas se mantuvo hasta 2020: México sólo tiene stock para atender un tercio de las demandas de paliativos al dolor de los pacientes del servicio público.

“La falta de drogas para el dolor es multifactorial: los pacientes no saben, no están empoderados en lo que pueden pedir y no hay capacitación adecuada: los médicos no saben recetar por miedo a ‘que se vuelvan drogadictos’”, agrega Allende.

El manejo del dolor no es una prioridad alta en nuestro país y siempre se ha subcalculado el volumen de sedantes que se necesitan. Entonces al no haber ‘instancias’ de quejas, ni de cumplimientos de derechos tampoco existe la necesidad de dar capacitación necesaria tanto para evaluar como para tratar el dolor. “Solo 15% de las escuelas de medicina y de enfermería en el país ofrecen algún curso sobre la detección y manejo de cuidados paliativos”, afirma Héctor Ornelas, quien desde hace 17 años junto a la catedrática Felicia Knaul trabajan en la Comisión Lancet para cerrar la brecha de acceso a cuidados paliativos y alivios del dolor.

Hasta para sufrir hay niveles

Según la OMS, (también pre pandemia) había 40 millones de personas a nivel global necesitan cuidados paliativos –es decir, quitar dolor-, pero solo 14% acceden a esta posibilidad.

En México estamos en esos rangos: solo 2 de cada 10 personas en nuestro país tienen el privilegio de no sufrir dolor.

La culpa de tener pacientes sufriendo dolores de manera innecesaria e inhumana no la tiene la Secretaría de Salud, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Desde 1961, casi todos los países del mundo se sumaron a la Convención Única sobre Estupefacientes, que además de controlar el acceso universal a drogas ilícitas, exige trabajar en la contribución de estas drogas para el alivio del dolor.

A nivel mundial existe la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) que supervisa la implementación de las convenciones internacionales relacionadas con el control de drogas: por un lado asegurar el suministro adecuado de estupefacientes (como los opioides) para fines médicos y científicos y prohibir la producción ilícita.

Entre esas drogas aceptadas para paliar el dolor están la morfina, la codeína y el fentanilo.

Cada año, cada país (en nuestro caso a través de la SER) presenta a la JIFE los cálculos de necesidad de estas drogas para sus servicios de salud y esta Junta aprueba ese volumen.

Según las leyes de derechos humanos a nivel mundial, cada país, cada gobierno tiene la obligación de proporcionar las medicinas necesarias para aliviar el dolor. No hacerlo se considera un trato cruel, inhumano y degradante.

En la mayoría de los países, esta es una tarea de las secretarías o ministerios de Salud, quienes son los que conocen o hacen los censos en su sector para determinar las necesidades para cada año.

En México (como ocurre con las vacunas desde el año pasado) es una tarea que recayó siempre en la SRE, quien gira a la JIFE las indicaciones de productos, marcas y componentes de parte de Cofepris.

“Y ha ido a la baja año con año desde 2007. Ahora con la llegada de la pandemia, la JIFE envió un mensaje a todos los países para que hicieran sus previsiones de aumentar los pedidos de drogas para el dolor debido a que el COVID-19 lo iba a requerir”, me explicaba en febrero Felicia Knaul.

“Revisando los documentos del JIFE, descubrimos que México tiene un stock anual de sólo una tercera parte de los opiáceos necesarios para cuidados paliativos”, agrega el informe de la revista The Lancet. Esto es unos 200 kilos de drogas de uso médico para cuidados paliativos. Nuevamente estas cifras deben haberse disparado ante el enorme número de personas que cursaron la enfermedad o murieron por COVID-19.

Para tratar correctamente el dolor, los hospitales deben tener una farmacia interna autorizada por Cofepris para poder brindar estos productos a los pacientes, así como un químico farmacéutico y un médico responsable. Son pocos los que tienen este servicio, a excepción de los Institutos Nacionales de Salud.

Lo mismo pasa en las farmacias particulares. Para poder vender sedantes o drogas como la morfina, deben ‘invertir’ en un químico farmacéutico de planta y en mucha seguridad, porque son víctimas de asaltos y delitos. “En un trabajo previo, vimos que de las 700 farmacias autorizadas por Cofepris para vender opiáceos sólo 30 tienen efectivamente estos requisitos y productos. Para un paciente no es sencillo conseguirlo fuera de los hospitales”, agrega Allende.

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