Por Monserrat Ortiz
La pandemia por COVID-19 empujó a los gobiernos mundiales a establecer grupos prioritarios para combatir al coronavirus: casi todos los países se han centrado en inocular primero a las personas adultas mayores y a quienes padecen comorbilidades, pues se les considera más proclives a enfermar y morir gravemente.
Sin embargo, existen otros grupos vulnerables que también son propensos a enfermar de gravedad y morir a causa del SARS-CoV-2: las personas con discapacidad, a quienes los sistemas de salud han dedicado pocos o nulos espacios en medio de la contingencia sanitaria.
Según un estudio elaborado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi), en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), las personas con discapacidad corren más riesgo de contagio que las que no presentan ninguna discapacidad. Pese a la escasa cantidad de datos, se sabe que quienes tienen discapacidades intelectuales y síndrome de Down, consideradas como las más severas, corren mayores riesgos de muerte.
“Las personas con discapacidad están expuestas a distintas barreras que afectan su acceso”, dijo Matías Ferreyra, consultor de la Cepal, durante el Taller virtual de validación sobre obstáculos y recomendaciones para acceso de las personas con discapacidad a las vacunas contra COVID-19 en América Latina.
“No generar condiciones diferentes de inclusión para estas personas, tanto como medidas de accesibilidad, priorización en la vacunación, ajustes, sistemas de apoyo y demás, se termina convirtiendo en un proceso y un trato no igualitario en general”.
Las naciones no están considerando a las discapacidades como factores de riesgo. Quienes forman parte de esa población, deben enfrentarse a distintas barreras de acceso a sus derechos de salud acentuadas con la pandemia de coronavirus.
¿Qué recomiendan los expertos?
El objetivo del estudio fue desarrollar diversas recomendaciones para que los gobiernos en Latinoamérica consigan la inclusión de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria.
Entre ellas, destaca la realización de un registro estadístico y administrativo donde se evidencie cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado a las personas con discapacidad.
“Hay una ausencia de datos vinculados a la discapacidad, lo cual afecta de manera muy importante al momento de hacer las políticas públicas porque no se cuenta con información adecuada para poder abordar todas las situaciones”, dijo Matías Ferreyra.
Por otro lado, sugieren que el abordaje de la vacunación corresponda a sus derechos humanos consolidados, donde “el principio de igualdad y de no discriminación deben guiar la vacunación, garantizando los apoyos y ajustes razonables en cada caso”.
“Los hacedores de políticas públicas no tienen una perspectiva de derechos humanos al momento de generar los planes y procesos de vacunación”.
“Por tanto, muy pocas veces se prioriza a las personas con discapacidad y cuando se ha hecho, no se contemplaron las medidas de accesibilidad suficientes para que pudieran acceder”.
Además, señalan que la inclusión debe garantizarse también para las personas con discapacidad pertenecientes a grupos de exclusión por su ubicación geográfica, género, pobreza, etnia, enfermedades prevalentes o por su estatus de migrantes.
Asegurar el acceso a información y tecnología
Otro de los problemas más importantes que enfrentan los ciudadanos con discapacidad, es la falta de acceso a campañas de información pública y propaganda para llamar a las personas a vacunarse. Generalmente, no existe divulgación en lengua de señas ni facilitadores de tecnología digital como sistemas de lectura fácil, servicios de relevo, lenguaje sencillo y subtítulos.
“La información pública, oficial, sobre los planes de vacunación y demás no contempla medidas de accesibilidad suficientes para personas con discapacidad”.
“Se ha observado la falta de uso de lenguaje simplificado, de lenguaje sencillo, de uso de intérprete de lengua de señas”, dijo Matías Ferreyra.
Por su parte, las plataformas de registro no han conseguido ser accesibles para personas con discapacidades: en la mayoría de los casos, sólo pueden inscribirse para la vacunación quienes pueden hacer un uso tradicional de la computadora.
“La brecha tecnológica existe de manera muy profunda en América Latina y afecta a las personas con discapacidad”, apuntó.
Otras recomendaciones para asegurar su derecho humano a la salud
Los expertos también sugieren a los gobiernos capacitar al personal de salud que vacunará a las personas con discapacidad; así como realizarles pruebas anti-COVID antes de la vacunación para evitar contagios.
Por otro lado, proponen que la vacunación se realice a través de fases, de acuerdo con su propio grupo prioritario, es decir, primero quienes tienen un mayor riesgo de contagio.
También sugieren vacunar a las personas con discapacidad junto con los adultos mayores con quienes comparten limitaciones funcionales y necesidades específicas parecidas; así como inocular a sus asistentes, grupos convenientes y sistemas de apoyo.
