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Educación Pública en México, un derecho inaccesible para las personas con discapacidad

Fotografía Itzel Hermida.

Para mí, accesibilidad significa que todos pueden entrar, todos pueden usarlo, todos pueden entenderlo y todos pueden ser parte de.

Por Sabina Itzel Hermida Carrillo / Educación Especial Hoy

Tomando en cuenta que el 99 por ciento de las personas con discapacidad que asiste a la escuela en México, lo hace a una escuela pública y a propósito de la comparecencia del gobierno mexicano ante el Comité de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, es importante decir que nuestro sistema educativo dista mucho de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje.

El fortalecimiento de sus trayectorias escolares y la construcción de entornos educativos incluyentes, parece no ser prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP). Muestra de esto es que en la propuesta para el marco curricular de la Nueva Escuela Mexicana, nada se habla de Educación Especial y en las asambleas para la realización de los nuevos libros de texto y materiales educativos, tampoco se convocó una mesa de análisis específica para tratar el tema de la educación para personas con discapacidad.

Si en lo curricular la situación es crítica, en términos de infraestructura accesible no estamos mejor, esta es prácticamente inexistente en nuestro sistema educativo, quizá uno de los casos más graves es el de los alumnos que asisten a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), el único servicio de educación Media Superior para personas con discapacidad. Ellos toman clase en aulas prestadas ante la falta de instalaciones propias, carecen de materiales y exámenes adaptados y accesibles, además de estar sujetos a la buena voluntad de la SEP, la hostilidad y las migajas de presupuesto que se les quiera otorgar.  En educación superior, son pocas las instituciones que cuentan con programas de inclusión, personal y espacios accesibles.

El de los CAED no es un caso aislado, en educación básica son contadas las escuelas que cuentan con la infraestructura mínima y la accesibilidad necesaria para la atención a este sector. Esta problemática se extiende a los Centros de Atención Múltiple (CAM), instituciones específicas para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad que requieren de apoyos más intensos, dentro de las cuales se carece de condiciones, espacios, herramientas, materiales e incluso del personal necesario para atenderlos. Los servicios de Educación Especial, no solo no se han incrementado, se han ido desmantelando poco a poco.

En México, la educación pública es un derecho inaccesible para la mayoría de las personas con discapacidad.

La política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene del alumnado con discapacidad y ha impulsado una serie de medidas y acciones afirmativas que faciliten el ingreso, permanencia y egreso de alumnas y alumnos de las instituciones escolares. Lamentablemente casi todas las acciones se han centrado en las maestras y maestros, colocándolos como principales responsables de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. El personal docente sigue estando en el centro y sigue siendo utilizado por la SEP para lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades, reduciendo la inclusión a un asunto de vocación y échaleganismo magisterial.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI 2020, en México viven más de 20 millones de personas con alguna discapacidad y/o limitación de algún tipo, no se trata de un grupo minoritario ni de “unos cuantos”. La pregunta es ¿Cuántos de ellos ejercen su derecho a la educación y cuántos no lo ejercen por falta de espacios o de accesibilidad en los espacios escolares?

No basta con garantizar el derecho de las personas con discapacidad a asistir a la escuela, hay que legitimar su presencia en ella a través del aprendizaje y la participación real.

Queremos inclusión y no más simulación.

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