Por Itzel Ramírez
El Senado mexicano dio un avance en la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, al dictaminar diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que, de aprobarse en el pleno y por la Cámara de diputados, obligarán a los centros laborales con más de 20 trabajadores y trabajadoras a tener al menos cinco por ciento de pcd dentro de su plantilla.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó el pasado 6 de octubre la propuesta de la legisladora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que incluye las modificaciones que establecen la obligación patronal de adaptar los centros laborales con el fin de hacerlos accesibles para las pcd.
En la sesión, representantes de la Red Nacional de Ciegos se pronunciaron por la inclusión de las pcd en las discusiones posteriores de la propuesta.
“Pedimos desde la red a los senadores y posteriormente a la Cámara de diputados que se creen foros interparlamentarios de discusión para enriquecer todavía más la iniciativa”, señaló Elvis Madariaga, uno de los integrantes de la red.
El activista agregó que de las más 20 millones de pcd que hay en México -de acuerdo con las cifras del más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-, hay ocho millones con la capacidad de acceder al mercado laboral, sin embargo, menos de un millón cuentan con trabajo formal.
“La inclusión no termina con el tema laboral, también hay que garantizar otros espacios como la educación, la salud, en el tema político electoral, pero sin duda este primer paso garantizará que profesionistas, abogados, artistas, maestros, que tenemos una discapacidad ya sea visual, motriz, auditiva, psicosocial o intelectual, podamos acceder al mercado laboral”, añadió.
Actualmente, señala la exposición de motivos de la iniciativa, solamente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad garantiza el acceso de esta población al trabajo digno -a través de la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fomentar la contratación-, por lo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo resulta una innovación.
Hasta la fecha, según el texto, solamente hay 211 centros laborales en todo el país en los que el 5 por ciento del personal tiene una discapacidad.
Lo que se pretende modificar
Dentro de los cambios aprobados se estableció la obligación patronal de tener centros de trabajo con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad, además del establecimiento de “criterios y procedimientos que favorezcan la contratación, permanencia, capacitación y promoción laboral de las personas con discapacidad”.
También se obliga a revisar los procedimientos de selección de personal para eliminar la discriminación o cualquier otro mecanismo que vulnere los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Asimismo, se exige que el salario remunerado se rija bajo el principio de que “a trabajo igual corresponde salario igual”.
La reforma también busca que una persona que adquiera una discapacidad por riesgo de trabajo pueda regresar a su puesto una vez que concluya su proceso de rehabilitación.
Igualmente se establece el derecho de las pcd a solicitar los ajustes que se requieran para el desarrollo de sus funciones, siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida, sin que en ningún caso pueda alegarse insuficiencia presupuestaria.
Dentro de las disposiciones, una de las más relevantes es la obligación patronal a generar ambientes seguros específicos para cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual, se requiere que además de que exista un ambiente libre de discriminación y violencia, “las tareas encomendadas sean concretas, sin implicar niveles de presión, y ofrecer acompañamiento en aquellas que impliquen mayores niveles de responsabilidad o complejidad;”.
Durante la discusión, Patricia Mercado recordó que esta modificación dará entrada a las pcd al ejercicio de otros derechos, como el de la vivienda, salud, seguridad social y jubilación, entre otros.
“Si no hay una acción afirmativa, no hay manera y esa es la responsabilidad del Estado”; subrayó la senadora.
