Las personas adultas mayores, vistas como un colectivo que va quedando marginado y rodeado de estigmas y discriminación, requieren de sistemas estatales que garanticen el ejercicio de sus derechos humanos, sostuvo José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un artículo para El Universal, Cossío relató cómo el informe “Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizó la aplicación y efectividad de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Particularmente, escribió el ministro en retiro, el informe aborda temas relacionados con la prohibición de la discriminación por vejez, el disfrute de una vida digna, seguridad social, trabajo, educación, cultura, deporte, recreación y esparcimiento.
El objetivo primordial, continúa el artículo, es analizar cómo los sistemas nacionales han hecho avances normativos y operativos para el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores.
El documento, a diferencia de otros, analiza la información no con respecto a cada país, sino a los derechos.
“Esta metodología tiene la ventaja de dar a conocer la condición general de cumplimiento, aun cuando impide averiguar lo que un Estado nacional debe realizar”,
sostuvo Cossío.
El informe concluye que hay avances en ciertos aspectos y retrasos en otros, aunque uno de los pendientes más grandes es que hay poco énfasis en la construcción de verdaderos sistemas nacionales, donde instituciones, normas y competencias se estructuran y operan para la mejora de las condiciones de vida de las personas adultas mayores.
Dentro de las conclusiones, el análisis observó que “el edadismo es un problema arraigado culturalmente e invisibilizado que afecta a todos los Estados de las Américas”.
De esta manera, estereotipos y prejuicios así como acciones discriminatorias abonan a la violencia, maltrato y violaciones de los derechos humanos de esta población.
“Si bien se observan avances mediante la implementación de diversas estrategias por parte de los Estados y la sociedad civil para combatir el edadismo, el cambio cultural demanda a los Estados mantener de modo sostenible los esfuerzos en ese sentido”, continuó el texto.
La CIDH, sostuvo Cossío, busca modificar la conversación pública sobre las personas adultas mayores para pasar de una visión que contempla los derechos particulares a una que ve cómo una población es desplazada por el cambio generacional y ello acarrea patrones y “silencios”.
“Una cosa es, desde luego, decir que a cierto grupo se le impide ejercer un derecho o disfrutar de determinadas prestaciones a cargo del Estado, y otra considerar que los viejos -por el hecho de serlo- deben quedar marginados de determinados espacios públicos o privados”, dijo.
Cossío hizo también una reflexión sobre cómo el asunto se ha abordado desde la esfera gubernamental en México.
“El tema de los adultos mayores se ha ido reduciendo entre nosotros a la posibilidad de recibir pensiones económicas. Sin dejar de advertir la relevancia de estos apoyos, lo cierto es que una vida digna -en esa u otras etapas de la vida- requiere de la existencia de instituciones de salud capaces de brindarles su respaldo”, sostuvo.
Por Redacción Yo También
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