Por el derecho de todas las personas a decidir sobre su vida

Este jueves, en el Congreso de la Ciudad de México, se presenta una iniciativa impulsada por la sociedad civil que busca que todas las personas tengan capacidad jurídica y la puedan ejercer con apoyos.

Imaginen por un momento que no tuvieran derecho a decidir sobre cosas importantes de su vida, aunque sean mayores de edad.

Que no pudieran decidir, por ejemplo, con quién viven, si se casan, si tienen hijos o hijas, si toman o no un tratamiento médico, si heredan sus bienes y a quién.

En este ejercicio de imaginación, otra persona decidiría por ti, quizá pensando en tu bien, pero sin consultarte. Sustituiría tu voluntad porque esta persona o la sociedad no cree que seas capaz de decidir por ti misma o mismo.

¿Se lo imaginaron? Pues esto es algo que le pasa todos los días en México a muchas personas, sobre todo personas con discapacidad (en particular intelectual y psicosocial) y personas mayores.

Quienes hemos vivido con una discapacidad desde la infancia sabemos bien que la mayoría de las personas nos desacredita. Muchas veces escucho, haciendo fila en algún lugar, por ejemplo, “está malito, es un inválido, o minusválido”.

Tomará mucho tiempo cambiar esta situación, tal vez yo no alcance a verlo en vida, pero un primer paso para lograrlo es que ley no use un término tan negativo como “incapaz”. No se trata por supuesto de un simple cambio de nomenclatura, sino de la construcción de otras prácticas, de nuevos entramados institucionales que permitan que tengamos voz y un sistema robusto de apoyos para hacerla oír. El derecho debe servir para el reconocimiento entre las personas y la interdicción es justamente lo contrario: 

Carlos Ríos Espinosa , investigador de Human Rights Watch.

En términos legales decidir por uno mismo o misma se llama tener “capacidad jurídica”. Y en el caso de México aún existe una figura, llamada “estado de interdicción” que niega esta posibilidad, punto. A la persona se le declara “incapaz”. A una persona “interdicta” se le asigna un tutor o tutora, quien decide todo. 

Hoy -tras que el estado de interdicción se ha declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un amparo en 2021- se presentará una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México para ponernos al día en este tema. Otros países ya lo han hecho, como Colombia y Perú, al transitar de un modelo de “sustitución de la voluntad” a uno de “toma de decisiones con apoyos”.

Es una iniciativa que presentará la diputada Marisela Zúñiga, de Morena, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. La arropó después de que fuera presentada el pasado noviembre en el Parlamento Abierto de personas con discapacidad por una mujer joven con discapacidad intelectual, Fernanda Castro Maya, a nombre de un colectivo llamado “Decidir es Mi Derecho”. Se plantea reformar el Código Civil y la Ley del Notariado de la Ciudad de México.

“Yo soy capaz, tengo deseos, trabajo, amigas y amigos; también tengo muchos sueños y es discriminatorio que me digan incapaz. Esa palabra debería desaparecer del código civil de la Ciudad de México y en general de todas las leyes. ¡Está ahí desde 1928!”:

Ricardo Adair Coronel Robles, joven con trastorno del espectro autista quien fue el primero que ganó, en la SCJN, que declararan inconstitucional su estado de interdicción. 
Ricardo Adair Coronel Robles

El colectivo usa el hashtag #DecidirEsMiDerecho, está integrado por personas expertas por experiencia, organizaciones de la sociedad civil, activistas con discapacidad y la academia. Yo También es una de las organizaciones que lo impulsan.

Me importa está iniciativa porque yo he enfrentado discriminación y estigma por mi discapacidad psicosocial y entonces así podría casarme con mi pareja y formar una familia propia como cualquier persona en la comunidad:

Raúl Montoya, integrante de Colectivo Chuchcán.

¿Y si se pudiera decidir con apoyos? ¿Cómo es eso?

El modelo de sustitución de la voluntad es inconstitucional; la capacidad jurídica abre el camino a otros derechos y la interdicción los limita.  Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el amparo directo 4/ 2021. ¿Entonces, cómo se hace esto de decidir con apoyos?

La capacidad jurídica es importante ya que con ella puedo ser independiente como para tener un carro, sacar (el crédito de)  una casa y tener propiedades. También para tomar mis propias decisiones con respecto a casarme, tener hijos, hijas, con información en formatos de lectura fácil, con pictogramas, para poder acceder a la información y tomar mis decisiones. También sé que adquiero responsabilidades y obligaciones como ciudadana. (Necesito) los apoyos adecuados, pero sin que decidan por mí. 

Fernanda Castro Maya, mujer y activista con discapacidad intelectual 
Fernanda Castro Maya

Algunos puntos clave para entender el cambio de paradigma y la propuesta:

  1. Primero se trata de que cualquier persona adulta -no necesariamente con discapacidad- se le reconozca que tiene plena capacidad jurídica y dos, que pueda solicitar los apoyos que considere necesarios para ejercerla. También de que pueda definir la forma, alcance, duración y función de estos apoyos. 
  2. ¿Cuáles podrían ser? Medios de comunicación no convencionales como dibujos, gestos, el uso de un comunicador si es que la persona lo usa. También que, por ejemplo, le lean documentos que va a firmar o que una persona -que ella misma designe- se los explique. 
  3. En el caso de que una persona, por ejemplo, tenga alguna condición de salud, podría definir qué hacer en caso de que enferme o tenga una crisis, como en el caso de quien vive con alguna condición psicosocial. Podría designar por anticipado personas de apoyo y los lineamientos para ellas. Es una decisión anticipada.
  4. El apoyo puede ser brindado por una o más personas e incluso organizaciones sin fines de lucro. 
  5. La propuesta también, y esto es muy importante,  incluye salvaguardas para evitar el abuso, la influencia indebida y garantizar que la persona de apoyo cumpla con el mandato para el que fue designada. 

La reforma me permitirá, dentro de las llamadas Directivas anticipadas, a ser formalizadas ante Notario Público, establecer la forma como quiero ser tratada, y las intervenciones y tratamientos médicos que estoy dispuesta a recibir, y los que no quiero que se me administren, en caso de que, en un futuro, yo no pudiera expresar mi voluntad por mí misma.

También podré nombrar a una persona de mi confianza para encargarse, en ese caso, de asegurar el cumplimiento de mi voluntad, y que ésta sea respetada en todo momento. Ello resulta extraordinariamente importante para mí y me da una inmensa tranquilidad, habida cuenta, sobre todo, de que carezco de familiares cercanos a quienes confiar mis decisiones más íntimas y vitales:

Marité Fernández, activista por los derechos de las personas con discapacidad, quien vive con discapacidad motriz 

La ruta a seguir

Tras ser presentada este jueves 16 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa será discutida en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia quienes deben dictaminarla. Luego se deberá votar en el Pleno. Se busca que esto se pueda hacer en este mismo periodo ordinario de sesiones, sino, por razones políticas-electorales, esto se podría complicar.  

Las personas con discapacidad (psicosocial) debemos ejercer el derecho a decidir sobre cualquier aspecto de nuestra vida como lo hacen las demás personas.

Si ejercemos ese derecho, podemos construir nuestro propio proyecto de vida, ser autónomas y vivir en comunidad. Como parte del derecho a decidir, también podemos elegir si necesitamos de algún apoyo para tomar alguna decisión complicada.

Víctor Lizama, activista con discapacidad psicosocial
Víctor Lizama, activista con discapacidad psicosocial

Además de los fallos reiterados -y que generan jurisprudencia de la misma SCJN- también hay otro compromiso del Estado Mexicano para reformar el Código Civil y de Procedimientos Civiles con respecto a las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, hizo ese compromiso en octubre de 2021 cuando, a nombre del Estado Mexicano, se le ofreció una disculpa a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual que estuvo preso de manera injusta.

Conoce más sobre el Colectivo y su propuesta en el siguiente enlace: www.documenta.org.mx/decidir-es-mi-derecho

Por Katia D’Artigues

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