El Congreso de Chihuahua alista la discusión de una propuesta que busca crear dos mecanismos de consulta permanente a personas con discapacidad (pcd), como una manera de asegurar que la legislación que les afecte cumpla con el estándar internacional de asegurar su participación.
La diputada Deyanira Ozaeta, del Partido del Trabajo, presentó el pasado 15 de julio una iniciativa para crear dos Mecanismos Consultivos para la Participación Ciudadana, uno relativo a la implementación de programas y políticas públicas y otro sobre el proceso legislativo.
La propuesta se da luego de que en junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara una reforma local que regulaba el acceso de personas con discapacidad a los espacios públicos o privados con perros de asistencia, apoyos y ayudas técnicas, pero que se elaboró sin que fueran consultadas las pcd, lo que vulneró sus derechos, estimó el Pleno de la Corte.
Así, la propuesta de Ozaeta reconoce “una necesidad de contar con un mecanismo permanente en donde constante y sistemáticamente se puedan realizar consultas, y que este mecanismo sea el medio idóneo para fortalecer y promover una interacción más estrecha entre los sectores y el Poder Legislativo”.
La iniciativa busca reformar la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua para garantizar que los mecanismos de consulta sean permanentes y siempre con la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones.
El mecanismo para la consulta legislativa se reuniría, de aprobarse la iniciativa, cada seis meses de forma ordinaria, con la idea de promover consultas estrechas y generar información acerca de las reformas relativas a las personas con discapacidad.
La propuesta insiste en la importancia de que las consultas estrechas sean sistemáticas, abiertas, sustantivas y oportunas, en concordancia con el artículo 4 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligatoriedad de los Estados Partes de que para la elaboración y aplicación de políticas y de legislación sobre cuestiones relativas a personas con discapacidad, se cuente con estos instrumentos de participación ciudadana.
De acuerdo con el proyecto, que será discutido en comisiones del legislativo chihuahuense, entre las facultades del mecanismo están las de emitir opinión sobre la elaboración o reformas de leyes y decretos; proponer la modificación, actualizaciones y adecuaciones necesarias a la legislación; opinar sobre accesibilidad universal y los ajustes razonables implementados del Congreso de Chihuahua para garantizar los Derechos de las personas con discapacidad; formar parte de grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo y dar seguimiento a las consultas realizadas.
El mismo 15 de julio, la diputada Ozaeta también presentó otra iniciativa, esta segunda relacionada con las pcd para cumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de realizar las reforma sobre perros de asistencia, apoyos y ayudas técnicas pero con la participación en consulta de las personas con discapacidad.
La iniciativa atiende así la orden de la acción de inconstitucionalidad 292/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el decreto (LXVI/RFLEY/0760/2020) reformaba los artículos 7 y 62 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua que, al no consultarles, “tiene el potencial de afectar directamente los derechos de las personas con discapacidad”, de acuerdo con la argumentación del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ponente de la propuesta que fue avalada por el pleno de la SCJN.
Ambas iniciativas se encuentran en comisiones para su estudio, de donde deberá salir un dictamen para ser votado por el pleno del Congreso de Chihuahua.
