La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llega a 33 años de existencia, en medio de una gestión cuestionada por su falta de independencia frente al Ejecutivo y con un mecanismo para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad (pcd) que hasta hoy no ha cumplido con sus objetivos.
El Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el nombre del instrumento que la CNDH debe poner en práctica para “proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” en el país.
Aunque fue instalado desde 2015 y cuenta con un presupuesto público -superior a los 10 millones de pesos por año-, el mecanismo no ha cumplido con algunas de sus obligaciones legales, como crear un registro nacional de hechos violatorios a los derechos de las pcd, elaborar un informe anual -sólo se han hecho dos hasta ahora-, o tener público su programa anual de trabajo.
Para activistas y expertos, estas omisiones reflejan el interés o no que ha tenido la CNDH en la defensa de los derechos humanos de las pcd, especialmente a la luz de las revisiones que debe hacer el mecanismo del trabajo del Estado mexicano.
Guillermo Hernández, coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), sostiene que el instrumento no ha sido de mucha utilidad.
“No hay mucho que decir respecto del ‘mecanismo de la CNDH’, por años no hemos identificado ninguna acción afirmativa contundente y el consejo consultivo del mismo nunca funcionó realmente”, sostuvo Hernández al ser consultado sobre el instrumento.
Bajo la nueva dirección
El pasado 12 de mayo Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, nombró a Rosalinda Morales Garza como directora ejecutiva del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La designación ha generado cuestionamientos, pues Morales Garza no es una persona con discapacidad y su experiencia en derechos humanos está enfocada a temas de educación indígena y género.
“¿Cómo queda el propio mecanismo en el tema de la representación si la titular no tiene discapacidad ni tiene una trayectoria reconocida o enfocada a la discapacidad?, simplemente estamos ante un escenario en el que las personas que debieran estar en el mecanismo no están”, cuestionó un extrabajador de la CNDH, que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias.
Adalberto Méndez, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, coincidió en que Rosalinda Morales “no cumple con las características para el encargo” al que fue designada.
Independencia sin resultados
Hacia octubre del año pasado, la CNDH modificó su reglamento interno para dar nuevas facultades y jerarquía al mecanismo, como publicamos en De qué va la reforma al mecanismo que monitorea la convención sobre derechos de pcd.
Las reformas obedecieron a las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las pcd, que señaló las deficiencias en la implementación del mecanismo.
A ocho meses de aquellos cambios, el instrumento no sólo permanece inactivo, sino que incluso ha visto mermada su plantilla.
“Desafortunadamente el Mecanismo, sigue sin funcionar ni sesionar, tampoco ha emitido su estatuto de gobierno como indica la modificación al reglamento”, apuntó el consejero Méndez.
Con los años, el mecanismo ha pasado de tener 15 personas a operar con ocho.
“El tema de fondo es que esto es un disfraz, legalmente hay independencia pero en la práctica hay menos personal. Si se revisa, a detalle, ese mecanismo tiene menos personal, menos presupuesto, pero ya son independientes”, remarcó la fuente consultada.
El primer informe trimestral de 2023 entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso muestra que se autorizó una ampliación de casi 3.5 millones de pesos al presupuesto anual del mecanismo, que alcanzó 18.8 millones de pesos para ejercer este año.
El gasto durante estos tres primeros meses del año fue de apenas un millón 773 mil pesos y, según la programación presupuestaria, casi 11 millones serán destinados al pago de servicios personales.
Si el gasto público no ha avanzado, ni las sesiones ni programas, tampoco lo ha hecho la propia página del mecanismo.
En el sitio -cuya dirección aparece en el portal de la CNDH– la convocatoria más reciente es de septiembre de 2020 para participar en mesas de diálogo sobre salud mental.
Del tercer informe, que debería haberse publicado en diciembre del año pasado, no hay rastro, como tampoco del programa anual de trabajo ni de su estatuto de gobierno. El directorio ni siquiera ha sido actualizado.
Juan José Sánchez, responsable de comunicación social de la CNDH, no respondió a las preguntas realizadas para conocer las razones tras la inactividad del mecanismo.
Mientras la CNDH de Rosario Piedra permanece sin avances en el instrumento que debe revisar el cumplimiento del tratado más importante para los derechos de las pcd, sí mantiene una sección dedicada a defender a la institución de las notas publicadas en medios.
Llamada “Mentiras sobre la CNDH”, la sección se dedica a refutar la información que cuestiona el actuar de la presidenta.
“Falso que la CNDH ataque a los medios: exige veracidad en la información que emite a sus audiencias; falso que la CNDH contrate personal que no cumple con el perfil”, son algunas de las entradas que aparecen en el sitio del organismo que, en cambio, se negó a pronunciarse e iniciar acciones legales sobre la militarización de la Guardia Nacional.
Por Itzel Ramírez
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