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Cascada de iniciativas para personas con discapacidad en el Senado: dos bien intencionadas, una preocupante

Fotografía una parte de la sala del Senado de la República, sillas de color negro, acolchonadas, divididas por un muro de plástico entre cada lugar, en la fotografía se alcanzan a apreciar siete pisos de escritorio, silla y computadoras, en ella se ven hombres y mujeres con la mano levantada ejerciendo su voto, todos con cubrebocas.

El Senado discutirá este jueves un dictamen que reforma la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones.

Ayer, tras la primera sesión tras el Día Internacional de las personas con discapacidad, en el Senado aprobaron varias iniciativas a favor del colectivo que lo mismo habla de trabajo digno, que reitera la prohibición de negar seguros y que avala el internamiento forzado en temas de salud mental.

Por Katia D’Artigues 

El Senado estuvo ayer muy activo en materia de legislar temas sobre personas con discapacidad (pcd). En la sesión del martes pasaron varias iniciativas en favor del colectivo que, si bien visibilizan, podrían quedarse cortas para garantizar derechos y una que se pasó de última hora para el jueves que resulta muy preocupante porque avalaría el internamiento forzado de personas, algo que el Estado Mexicano, apenas el 4 de octubre pasado se comprometió a erradicar. 

Trabajo digno

La primera, sobre trabajo digno para personas con discapacidad es una reforma al Artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad. Tiene buenas intenciones y da más palabras al artículo para favorecer el “empleo y trabajo digno” de las pcd y agrega “de manera que se les otorgue” certeza en su desarrollo personal, social y laboral. 

Cambia la obligación de la secretaría del Trabajo de hacer el Programa Nacional de Trabajo y empleo para pcd y hacer “agencias de inclusión laboral” en lugar de “integración” laboral. También obliga a tener “centros de trabajo con infraestructura”. 

No contiene, sin embargo, la obligación de los centros de trabajo de hacer “ajustes razonables”, que hubiera estado bien.

Pasó por unanimidad.

El dictamen lo puedes leer aquí.

No discriminación en seguros a pcd y otros grupos en situación de discriminación

Esta iniciativa, presentada por Ricardo Monreal (quien tiene un nieto con discapacidad de siete años, Sergio, y lo recordó en tribuna), prohíbe la negación de seguros por razones de discriminación: por condiciones  étnicas, de preferencia sexual, religión o de discapacidad. Es una reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el contrato del Seguro

Añade un Artículo a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que dice:

“Para las Instituciones de Seguros y las Sociedades Mutualistas, negarse a recibir una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante.
En todo caso, deberán realizar el análisis de las solicitudes en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y sin prejuzgar sobre la condición de las personas solicitantes”. 

También añade otro artículo que dice que las Instituciones de Seguros deberán observar como principios:

“Promover la igualdad de acceso a los productos de seguros, eliminando cualquier práctica discriminatoria….

“Las Instituciones de Seguros deberán diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad, llevando a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.

“Asimismo, dichas Instituciones adoptarán las medidas necesarias para auxiliar a las personas con discapacidad, tales como facilidades en la atención y el servicio, accesos adecuados en sus instalaciones, prioridad en la atención de los siniestros, así como un trato respetuoso y digno”.

El dictamen completo que va a la Cámara de diputados lo puedes leer completo aquí. 

¿Cuál es el problema en ello?

Bueno, como lo diría Carlos Rios Espinosa, abogado: “La ley prohíbe simplemente rechazar la solicitud por motivos de discapacidad. Luego te pueden dejar una tasa por seguro más alta. No impide que se haga una evaluación de la discapacidad como riesgo”.

A pesar de que se votó por unanimidad y fue felicitada por todos los grupos parlamentarios, fue el senador del PAN Roberto Juan Moya Clemente quien lo esbozó como un posible problema: “(Los seguros) cumplirán con la ley, pero quién sabe que pondrán en la letra chiquita de los contratos”.

Lo cierto es que es un avance. Como recordó Germán Martínez, la negación de seguros ya fue hasta debatido en el 2011 en un caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tardó 3 años en resolver un amparo que no fijó criterios. Recordó que las empresas son sujetos activos de violaciones de derechos humanos.

También recordó que hace apenas el 1 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un fallo al respecto que obliga a las aseguradoras privadas a asegurar a personas con discapacidad: El caso Vera Rojas y otros contra Chile

Y la que viene, que preocupa y se discutiría el jueves.

Tras dos veces que se intentó legislar al respecto (y que se paró con argumentos de la sociedad civil ver esta nota para recordar) el Senado discutirá este jueves un dictamen que reforma la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones.

Preocupa porque, aunque ha mejorado mucho en su redacción, sigue avalando el internamiento forzado de personas. Aquí está el dictamen completo. Ayer se retiró de la discusión por un “error de técnica legislativa”, lo cual da tiempo para platicar con senadores 

El artículo de la discordia es el Artículo 75, que dice y subrayo una palabra que abre la puerta para posibles violaciones de derechos humanos: 

“El internamiento es considerado como un recurso de carácter restrictivo, por lo que sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria, salvo plena justificación clínica y preferentemente en hospitales generales cuando este aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social”.

Ese “salvo…” sigue permitiendo las internaciones involuntarias, aunque sí bien es una medida excepcional y extraordinaria (porque el mismo Artículo 75 tiene otras salvaguardias) en México, lo sabemos, lo extraordinario es tristemente común y debería retirarse o cambiarse por una redacción que no deje en claro que sólo será con consentimiento de la persona que será internada.

Y esto mucho más tras el 4 de octubre, cuando en un acto público, a nombre del Estado Mexicano, el subsecretario Alejandro Encinas ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual quien estuvo en prisión contra su voluntad y le fueron violados sus derechos incluso a defenderse.

El caso Medina Vela, defendido por la organización Documenta fue litigado ante la ONU y en la misma disculpa pública, Encinas se comprometió, en el salón Benito Juárez de la secretaría de Gobernación a armonizar con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad tres leyes: El código penal de procedimientos penales con respecto a la figura de “inimputabilidad”; el Código Civil y de Procedimientos Civiles con respecto a las restricciones a la capacidad jurídica de las pcd y -ojo- la Ley General de Salud en lo relativo a internamientos involuntarios y restricciones a la capacidad jurídica de las personas usuarias de servicios de salud mental.

Se sabe que en México (no sólo en este país) se tiene miedo de no saber cómo reaccionar ante una situación de crisis de salud mental. Una de las propuestas en la mesa, es la creación de equipos de respuesta inmediata que pueden intervenir en situaciones de crisis y que no pueden usar la fuerza. Este artículo de Human Rights Watch lo explica bien, es una buena práctica canadiense. 

Otra más sencilla es sólo eliminar ese “salvo”… que no salva nadie. 

Estaremos al pendiente.

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