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Bienestar solo registró 1 de cada 7 nuevas pensiones para discapacidad

Módulo de pensiones para personas con discapacidad vacío, solo una persona en el registro.

Un rastreo estado por estado muestra que sólo se inscribieron casi 15 por ciento de los beneficiarios para las dos millones 26 mil 603 nuevas pensiones disponibles en el país.

Rosa Montes pensó que tendría que hacer largas filas para tramitar la pensión de discapacidad permanente para Matías, su hijo de dos años justo un día antes de que se venciera el plazo marcado por la Secretaría de Bienestar. Ella se encontró con una sorpresa: el centro al que acudió para registrarse en la Ciudad de México estaba prácticamente desierto.

Su caso no es el único y se repitió por miles en cada uno de los 13 estados en los que, desde el 6 al 30 de junio, se realizaba el empadronamiento de nuevos beneficiarios de pensiones para personas con discapacidad. 

¿Bajo interés? ¿Altos requisitos? ¿Poca información? Lo cierto es que las metas que la Secretaría de Bienestar acordó con cada uno de los gobiernos estatales no llegaron a cubrirse, quedando un 86 por ciento de pensiones sin beneficiario, en la mayoría de las entidades que Yo También relevó.  

En cada estado, el inicio de este registro para la ‘universalización’ de las pensiones para personas con discapacidad permanente tuvo su acto político con la presencia de la secretaria Ariadna Montiel y el gobernador o gobernadora a cargo. Pero, 22 días de registros, decenas de módulos abiertos en casi todos los municipios de las 13 entidades junto a un enorme despliegue de ‘servidores de la Nación’, de anuncios en la prensa y redes sociales (e incluso recorridos casa por casa) no alcanzaron para cumplir con al menos la mitad de los beneficiarios que se anunciaron en cada acto. 

El promedio de cobertura de las afiliaciones en ocho entidades del país fue de apenas 15 por ciento de las metas establecidas por Bienestar al inicio de la campaña.

Este 30 de junio, el plazo límite para la inscripción a la pensión, tendría que haber en total dos millones 26 mil 603 personas con discapacidad de entre 0 y 64 años beneficiarias de este programa.

La Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar se negó a proporcionar la información sobre los avances en la afiliación en las 13 entidades en las que se abrieron las inscripciones masivas para personas con discapacidad.

En las ocho entidades en las que Yo También pudo rastrear y obtener información, la Pensión para el Bienestar buscaba afiliar a 333 mil 722 personas con discapacidad. Los datos disponibles de afiliación (hasta la última semana antes del cierre del plazo), indican que se alcanzaron solo cerca de 41 mil afiliaciones.

Para llegar al menos a la mitad de las metas, tendrían que haberse afiliado diariamente más de 58 mil personas en los módulos dispuestos en estas 13 entidades, una cifra que ni siquiera es posible de procesar, de acuerdo con los propios trabajadores de gobierno.

Mapa de la República Mexicana que señala los ocho primeros estados con bajo alcance de personas interesadas en recibir la Pensión del Bienestar versus la meta impuesta por el gobierno mexicano.

Estado por estado, registro por registro

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora y Tlaxcala llevaban entre 5 y 19 por ciento de avance a una semana de que se cerrara el plazo de inscripción; en las delegaciones de Puebla y Sinaloa no se proporcionó la información solicitada, aunque sí se corroboró que la participación de las personas con discapacidad era baja, mientras que en las delegaciones de Bienestar de Chiapas, Ciudad de México y Zacatecas ningún funcionario local de la secretaría quiso dar datos a este medio sobre sus registros.

El lento avance de los registros llevó a que en todos los municipios, desde hace unas semanas comenzaran labores de perifoneo, visitas domiciliarias y hasta disposición de transporte especial para las personas con discapacidad. Porque un punto que no estaba en la convocatoria era que los potenciales beneficiarios -sin importar el tipo de discapacidad o lo severo de su condición- debían estar presentes para el registro.

«No hay nada de gente. Me dicen que máximo han recibido 100 personas al día. Los propios funcionarios que atienden creen que es por confusión de sedes o porque exigen mucho la legibilidad en los papeles y los regresan (a los solicitantes) por eso», afirma Rosa Montes. “Vi el caso de unas chicas hermanas y pedían a los otros solicitantes su IFE para que fueran sus testigos porque no venían los papás”, agregó. Ella vivió algo similar porque en el primer intento que hizo horas antes no llevó a su hijo y la regresaron, así que fue a casa y volvió ya con el niño para enfrentar de nuevo un espacio semivacío. 

Un escenario parecido narró un trabajador de la delegación de Bienestar en Campeche, donde se esperaba la afiliación de 23 mil 631 personas con discapacidad y que, a dos días del cierre, tenían sólo 4 mil registros. “Estamos atendiendo a mucha menos gente de la que esperábamos. Eso sí, a quien viene se le atiende de inmediato”, afirmó el servidor público.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Bienestar en Baja California, reconoció que los pocos registros para la pensión se presentaron a nivel nacional.

“El avance no ha sido como nosotros creíamos, esperábamos, pero esto está ocurriendo en todo el país, es decir, son muchos menos de los que se pensaban”

dijo Díaz en conferencia de prensa el pasado 24 de junio.

El dato más reciente de la entidad indica que se alcanzaron 11 mil 296 personas registradas, es decir, el 15 por ciento de la meta de 77 mil 454 personas con discapacidad.

Era una meta bastante ambiciosa, teníamos que cubrir a más de 77 mil personas, un padrón que desde el principio asumimos complicado”, añadió un integrante de la Delegación de Bienestar de Guerrero, donde el alcance fue de poco más de 10 mil personas a una semana del cierre del plazo (13 por ciento del total anunciado). 

Tan conocidas eran las limitantes del cumplimiento de metas que, el 17 de junio, Luis Rodríguez Terán, director de participación social de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, dijo en una conferencia de prensa que se esperaba llegar a las dos mil afiliaciones, es decir apenas el 10 por ciento del objetivo fijado por el gobierno federal.

Carlos Luna Vázquez, delegado de Bienestar en Tlaxcala, también ‘bajó’ de 22 mil a 13 mil la meta a una semana del cierre, cuando las afiliaciones eran de mil 353. “Vamos un poco lentos, realmente esperamos incorporar a cerca de 13 mil personas con discapacidad, llevamos hasta este momento mil 353 incorporaciones, sí hago un llamado a que se acerque la gente para que se puedan inscribir en los diferentes puntos que tenemos en todo el estado, en todos los municipios tenemos centros integradores”, dijo Luna en conferencia.

Las razones detrás del fracaso

La difusión en poblaciones rurales, explicó una funcionaria de Bienestar de Colima, fue uno de los principales problemas para que la gente acudiera a afiliarse al padrón de beneficiarios. “Hemos emprendido recorridos porque hay personas con discapacidad que estaban rezagadas, que no les había llegado la información respecto a la existencia de la pensión.

Tenemos casos de personas que están en comunidades alejadas, que no pueden desplazarse fácilmente por su condición y que viven solas, entonces sí nos enfrentamos a ese problema que no es fácil de superar”, dijo la servidora pública, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias laborales. Otra situación común, dijo, es el acceso a un certificado de discapacidad otorgado por alguna institución pública, también necesario para el registro.

“Hay que reconocer que tenemos compañeros con renuencia por parte del sector salud para tratar con dignidad a las personas con discapacidad, especialmente cuando se trata de una discapacidad intelectual o psicosocial. Encontramos personas que desde hace años no están en un régimen de consultas periódicas para tratar su salud y se les dificulta tener un expediente médico que sirva como respaldo para obtener el certificado más rápido”, añadió.

La dispersión geográfica también jugó en contra: en Chiapas y Puebla, por ejemplo, no todos los municipios tuvieron una sede de registro, a pesar de que en cada acto público se afirmó que la cobertura universal daría prioridad a zonas de alta marginación o con población indígena.

En Campeche, por ejemplo, hubo varias personas que acudieron con una credencial de discapacidad en vez del certificado requerido por Bienestar para acceder al registro. “Sí nos pasó que la gente traía la credencial que ya no es válida, pero los guiamos con el documento que se necesitaba y se soluciona el problema”, aseguró un funcionario.

Daniel Torres Mendoza, delegado de Bienestar en Baja California Sur, dijo que una limitante fue la prohibición de publicitar programas sociales, debido a las elecciones locales pasadas. “Uno de los motivos (fue que) hubo meses donde no se pudo hacer nada por la veda electoral, eso redujo la publicidad, el casa por casa, la difusión del programa”, agregó. 

Las dudas sobre qué discapacidades se consideran permanentes también fueron expresadas en las redes sociales oficiales de las delegaciones de Bienestar de los estados revisados. En Facebook, por ejemplo, era constante la pregunta sobre si el autismo entraba dentro de las discapacidades que cubría la pensión, lo mismo que condiciones como asma o la pérdida de alguna extremidad. Igualmente, hubo quien preguntó cómo se lograba el registro de las personas con discapacidad que están en situación de calle. Otras personas pidieron orientación sobre el seguimiento que habría a las inscripciones realizadas con anterioridad.

 Las preguntas en redes sociales de personas consultando sobre qué discapacidades podían nunca fueron respondidas por la autoridad.

“Disculpe los que ya abíamos metido papeles la ves pasada cuando estuvo Bonilla que según también iba a dar pensión esos papeles ya no cuentan ya no los tiene en el sistema por que orita para sacar el sertificado medico es bien difícil yano lo quieren dar y aparte es bien caro”, escribió tal cual Gertrudis Avila en la cuenta de Facebook de la Delegación de la Secretaría de Bienestar de Baja California.

Pensión universal… solo para algunos municipios

El resultado de esta primera ampliación de la pensión da cuenta de las fallas de un programa que se ha convertido en la principal apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la atención de la discapacidad, una política criticada por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Inicialmente, 14 entidades aportarían recursos junto al gobierno federal para afiliar a todas las personas con discapacidad que habitaran en esas demarcaciones, aunque al momento de implementar el programa, el Estado de México salió de esta primera etapa; el 19 de junio Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, anunció la incorporación de la entidad al esquema de universalización, aunque no se precisó la fecha en que comenzarán los registros.

Tabla con 13 estados de la República Mexicana que señala la meta impuesta versus el alcance que han tenido las pensiones del bienestar, Baja California encabeza el listado con la meta de llegar a 77 mil 454 personas y alcanzar solo 11 mil 296.

Apenas este martes, la Delegación de Bienestar de Puebla hizo público que solo se habilitaron las afiliaciones en 84 de los 217 municipios de la entidad. La zona conurbada de Puebla, así como municipios de la mixteca y del centro no fueron incluidos, sin que se diera una explicación al respecto. El 6 de junio, la Secretaría de Bienestar había informado que la meta de cobertura en Puebla era de 109 mil 391 beneficiarios; sin embargo, luego de más de tres semanas de ejecución del programa se informó que el objetivo eran solamente 27 mil 700 personas con discapacidad. 

De acuerdo con reportes locales, en Chiapas se cubrieron únicamente 17 de los 125 municipios de la entidad.

Solamente en 17 municipios: Pueblo Nuevo Solistahuacán, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Amatenango de la Frontera, Motozintla, Chilón, Pichucalco, Reforma, Juárez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Villaflores.

En ninguna de las dos delegaciones respondieron a través de los números de teléfono registrados en el directorio de la Secretaría de Bienestar. 

“El tema de fondo es que no hay un censo real sobre las personas con discapacidad, se tomó la base de Inegi pero ese cuestionario no funciona de manera general. Se pregunta a una persona si en su casa viven personas con discapacidad, si dice que sí, se contabiliza, pero no se le pregunta con detalle si hay alguna persona con enfermedades crónico degenerativas o con alguna discapacidad psicosocial”, relató una funcionaria de Colima.

Si la Secretaría de Bienestar no tiene un padrón completo sobre las personas con discapacidad y tampoco las cifras de Inegi sirven para medirla, el problema es saber qué se ha hecho en México para conocer y, sobre todo, atender a las pcd, continúa la fuente0.

“Los números que dijeron que teníamos como meta tampoco son ciertos, es menos porque en meses pasados hubo muchos registros de personas con discapacidad”, añadió la funcionaria.

Por Itzel Ramírez

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