Fotografía de una mujer usuaria en silla de ruedas de color rojo con negro, utiliza un cajero automático de color gris con azul, la mujer tiene el cabello castaño, corto a la altura de los hombros y viste una chamarra grande de color negro, pantalón negro y tiene sobre sus piernas un bolso negro, aparece introduciendo una tarjeta en el cajero.
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Bancos y discriminación en México: nada nuevo bajo el sol

Sucursales no accesibles, información poco clara, autoexclusión, poca confianza y sesgos por parte de quienes otorgan servicios bancarios: el sistema financiero es tan discriminatorio como cualquier otra esfera social en nuestro país.

Por Bárbara Anderson

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) del gobierno federal de México acaban de publicar “Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México”, un pesado documento de más de 100 páginas que revela que a nivel bancario se repiten los mismos patrones de exclusión que en otros ámbitos para personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores e indígenas. 

Primero el contexto. México es un país con una muy baja penetración financiera versus el resto de Latinoamérica (no nos vamos a medir con la OCDE porque si quedamos muy a la saga). 

En el país sólo 39.1% de las personas mayores de 15 años tiene acceso a algún servicio financiero versus el promedio latinomericano que sube a 51.4%. 

Apenas 26.8% de los mexicanos cuenta con una tarjeta de débito en contraste con el 40.4% en promedio para la región. 

Tenemos el mismo nivel de acceso financiero que Bolivia y Guatemala, países con un PIB per cápita muy por debajo del mexicano: el nuestro es de 8 mil 421 dólares por persona al año, versus 3 mil 671 de Bolivia o 4 mil 593 de Guatemala. 

A pesar de que el nivel de remesas en México no ha dejado de batir récords y hay millones de hogares que dependen de los envíos de sus familiares desde Estados Unidos, esto no se ha convertido como en otros destinos de envíos de dinero, en una manera de bancarizar a los beneficiarios de ese dinero.

Lo que sí queda claro a lo largo del reporte es que, como en muchos otros aspectos, dentro del poco acceso financiero, quienes menos bancarizados están y más aislados quedan de programas especiales o de apoyos a medida son las mujeres, los habitantes de zonas rurales, los pueblos indígenas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes y quienes reciben programas sociales. 

Y, como también se repite casi como patrón nacional hay una discriminación transversal que incluye la nacionalidad, la apariencia física, la vestimenta, el uso de tatuajes, el tono de piel, la condición laboral y el nivel de ingresos.

Hay un párrafo de este reporte que me pareció brutal: “el trato discriminatorio en el sector financiero se genera y persiste muchas veces de forma inconsciente. Nadie lo menciona, nadie lo ve y termina por invisibilizarse. No obstante, existe, como existe en la mayoría de las esferas de la vida política, social y económica de México. Está presente en prácticas tan visibles como la publicidad o el trato en las sucursales, pero poco cuestionadas por el público y los proveedores de servicios”. 

Fotografía de una institución bancaria en donde se encuentran varios usuarios hombres y mujeres esperando su turno para ser atendido en las cajas de servicio, en primer plano se alcanza a apreciar a dos mujeres de tez latina, espalda robusta, de espaldas a la cámara, con cabello color negro y recogido, una se encuentra recargada en el barandal de tela que indica el espacio de una fila y la otra se encuentra detrás con las manos al aire en expresión de molestia.
Fotografía recuperada de ‘El Financiero’

¿Por qué debe atenderse la discriminación financiera?

La inclusión financiera es -aunque no muchos lo sepan- un ejercicio de derechos. Aunque la discriminación es reprobable en cualquier esfera social, en el caso del acceso a servicios financieros es una variable clave y transversal que genera menor acceso a recursos que pueden romper el círculo pernicioso de la discriminación como un generador (o un potenciador) de pobreza. 

A diferencia de lo que sucede con otros servicios o mercados de consumo, el acceso a servicios financieros puede considerarse como un derecho habilitador: es una herramienta útil que permite ejercitar derechos fundamentales como la salud, la educación, la independencia y la capacidad de tener movilidad social. 

Y aquí hay un punto revelador. Si bien desde 2018 han crecido de manera constante los planes de asistencia social a través del Banco del Bienestar, este aumento de recursos entregados de manera directa no se convirtieron en un canal para bancarizar, para brindar educación financiera y sumar a estos beneficiarios al sistema financiero. Incluso porque los planes del gobierno apuntan precisamente a los grupos más excluidos de los bancos. 

¿Sabían que los apoyos de Bienestar llegan principalmente a la población femenina? El 85% de los cuentahabientes de programas sociales son mujeres (mientras que en la banca comercial las mujeres son 48% de los clientes). Además, 37% de quienes reciben ayudas gubernamentales solo tiene una cuenta bancaria para recibir estos depósitos. 

No es una cartera pequeña: se trata de 6.2 millones de personas las que están en alguno de todos los padrones de planes sociales del gobierno federal.

Pero se ha hecho más hincapié en la necesidad de abrir más sucursales bancarias (se prometieron 2 mil 700) que aprovechar los beneficios de la banca digital para ahorrar esa inversión y dedicarla a darle formación e información financiera a los beneficiarios, es decir tener una plena inclusión financiera de los grupos más vulnerables y menos atendidos por la banca tradicional. 

Pero los pagos a quienes reciben programas sociales ha sido difícil de centralizar. En 2019 se celebró una asociación entre el gobierno federal y Banco Azteca para la emisión y manejo de las Tarjetas del Bienestar para bancarizar a los beneficiarios de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

“Es necesario pensar en una ‘inclusión financiera responsable’ en la que las personas tengan un producto financiero, pero sepan cuáles son los beneficios de dichos productos, que sepan cómo administrarlos e incluso ahorrar de manera inteligente”, agrega el informe.

Fotografía del teclado de un cajero automático color plateado, en primer plano se alcanza a apreciar los botones del cero al nueve con puntos que indican la numeración en el sistema braille, y un sensor para tarjetas de color negro.

Las barreras de la falta de acceso bancario

Para quienes viven con alguna discapacidad, los hallazgos de este trabajo de Conapred y Cepal parecerán un tanto obvios. ¿Cuáles son las causas del casi nulo acceso de, por ejemplo, las personas con discapacidad al sistema financiero? Aquí van:

  1. Acceso y accesibilidad. La organización espacial de las sucursales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios en el territorio del país genera desigualdad en el acceso a los servicios financieros. Existen en el país 16 mil 883 sucursales bancarias, 48 mil 397 corresponsales y 57 mil 950 cajeros automáticos. Hay solo 1.4 sucursales bancarias por cada 10 mil adultos en el país, cifra inferior a la de Colombia, Brasil y Honduras. 

Además, 49% de los municipios del país no tienen ningún banco. 

Tampoco existe una ‘normativa’ que refiera al diseño y funcionalidad de los puntos de atención (físicos o digitales) en términos de capacidad de acceso, uso y movilidad de personas con discapacidad y personas mayores. 

  1. Usabilidad de servicios financieros. Una vez lograda la bancarización de una persona, por ejemplo, por medio de una cuenta de nómina o por recibir pagos de programa gubernamental no se avanza en un mayor uso de productos que faciliten la administración de las necesidades financieras y aseguren su salud financiera de las personas. No hay disponibles productos bancarios diseñados según las necesidades y hábitos financieros de los grupos identificados como susceptibles de sufrir discriminación. Los costos bancarios, intereses o tasas que genera ser usuario de un banco son, en algunos casos, confusos y difíciles de comprender si no se informa con claridad y en un lenguaje entendible para todas las personas, en especial aquellas que nunca han estado bancarizadas. 
  2. Educación y capacidades financieras. La educación financiera es la cantidad de conocimiento que un individuo tiene sobre asuntos financieros y la capacidad financiera es la habilidad para aplicar eso que ‘se sabe’ en bien de su propio bienestar. La educación financiera debe ser tarea compartida entre el sector público y el privado y deben variar según las necesidades hábitos y momentos del ciclo de vida de las personas. 
  3. Protección de los usuarios: no solo es bancarizar a las personas sino generar los candados que les permitan tener certidumbre y confianza en el sector financiero. Los grupos menos bancarizados (como las pcd o las personas mayores) pueden sentirse vulnerables ante el proceso de presentar una queja o realizar un trámite bancario. 

¿Dónde hay menos discriminación? 

Según este análisis de Conapred y Cepal, la segmentación del mercado importa para entender el fenómeno de la discriminación. Por ejemplo, en las cooperativas no se reporta ningún caso de discriminación. Además, en las cooperativas, las personas son socias y las personas que los atienden se toman el tiempo para dar explicaciones. Es decir, el contexto (valores organizacionales) de la cooperativa puede afectar el buen trato y la empatía de las personas encargadas de la sucursal, pues el personal de atención de sucursales bancarias y cooperativas es similar en términos de nivel educativo y capacitación y, además, el universo de personas a las que atienden es muy homogéneo (ingreso moderado a bajo). 

Los bancos no necesariamente serán líderes de inclusión en el mercado financiero, pero sí lo son las microfinancieras que se están enfocando en esos mercados. 

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