Imaginen que quieren abrir una cuenta bancaria sencilla. Es un trámite que, para la mayoría de las personas tarda, a lo más, una hora.
Se dirigen al banco de su preferencia y cuando quieren iniciar el proceso, les responden algo como en Citibanamex:
-Mejor vaya a otro banco. Aquí nos vamos a tardar en autorizarlo hasta mes y medio. Yo le sugiero que vaya a un notario, que otra persona sea su representante y ya así que esa persona abra la cuenta por usted.
O peor, pero en HSBC:
-Creo que sí podríamos abrir una cuenta para una persona como usted, pero espéreme una semana a que lea todo el manual de tecnologías de la información que ya tiene mi banco para ver ‘cómo te podríamos ayudar’ (sic, ayudar).
Sólo puedo imaginar la pataleta que debe estar haciendo el área encargada de inclusión de HSBC y su director Ombudsman, Mario Arias de la Garza, quien además es el encargado del comité de Atención a Usuarios de la Banca de la Asociación de Bancos de México (ABM). Sus políticas no son llevadas a cabo por sus empleados.
O bien (por decir ‘bien’ como convención, porque claramente está mal) en BBVA:
-Sí, sin problema. Sólo que, además de sus datos, necesitamos que una persona de su familia también pase por el proceso de reconocimiento facial.
Esto es algo por lo que pasan las personas con discapacidad en México hoy. No lo inventamos, se lo dijeron a Julio Ramírez, reportero de Yo También, cuando hizo un recorrido por sucursales de Banorte, BBVA, Citibanamex, Santander y HSBC en Paseo de la Reforma, la calle más icónica de la capital: la Ciudad de México. Lo publicamos esta semana en “El suplicio de abrir una cuenta bancaria como persona con discapacidad”.
Apenas un día antes de que Julio reporteara esa nota, Rosemberg Roman, quien trabaja en el IMSS como titular de la Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad, había recibido una respuesta similar en Inbursa. Lo contó él mismo en un tuit al que respondieron tanto el mismo Inbursa, donde quería abrir la cuenta, como la Condusef, la comisión para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, pidiendo que se comunicara.
Rosemberg insistió (nos debe la historia completa) y apenas esta semana, el 2 de agosto, pudo abrir su cuenta. Tres semanas más tarde.
Lo que pasa todos los días en cualquier sucursal, además de injusto es ilegal. ¿Ilegal? Sí, lo dice la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien tiene a su cargo “supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano”.
En blanco y negro está en un documento que publicó en mayo de este año llamado “Inclusión financiera de las personas con discapacidad. Retos y recomendaciones”. Al finalizar la página 14, para terminar el análisis del apartado “Marco Normativo”, es decir, las leyes que aplican, dice:
“Finalmente, la inclusión financiera de las personas con discapacidad no es una cuestión optativa, sino una obligación para todas las instituciones financieras, desde un enfoque de derechos humanos”.
La discriminación en el acceso a servicios financieros en México para personas con discapacidad es algo en lo que llevo al menos una década y dos años de denunciarlo en medios.
Desde mi blog en El Universal (que ya no puedo citar porque lo bajaron todo) en el 2011 conté la historia de un empresario con un crédito preaprobado que le fue negado en cuanto supieron que vivía con discapacidad visual. Menos mal que queda constancia en la página de Conapred porque retomaron la nota y lo que provocó en su momento: “Rectifica Banorte a favor de las personas con discapacidad”.
En la nota consignan que la negativa del crédito provocó un debate en la Cámara de Diputados y la fracción del PAN entonces presentó una iniciativa para “obligar a la CNBV y a Condusef a que vigilen a las instituciones para que no incurran en este tipo de prácticas”. Iniciativa que nunca pasó, por lo visto o que no se ha hecho gran cosa para implementarla, algo que luego pasa muy seguido.
Es claro que ni los bancos -atención, Asociación de Bancos de México (ABM) pueden tomar esta oportunidad de oro- están haciendo los esfuerzos suficientes ni la CNBV está haciendo muy bien su papel de “supervisar y regular”. Ni la Condusef de valorar a cualquier persona que vive con discapacidad como usuario de servicios financieros.
Le daremos seguimiento. Hay muchas historias que contar aún con las apps de los bancos.
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