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Fotografía de una persona en silla de ruedas, un hombre sentado de espaldas a la cámara que lleva puesta una camisa color azul y está de frente a una calle.Fotografía de una persona en silla de ruedas, un hombre sentado de espaldas a la cámara que lleva puesta una camisa color azul y está de frente a una calle.

Baja presupuestal afecta programas públicos para personas con discapacidad

Un análisis sobre Discriminación y Vulnerabilidad en México muestra cómo afecta la política social a las instituciones responsables de apoyar a esa minoría.

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6 de mayo de 2021

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Redacción Yo También

Un análisis sobre Discriminación y Vulnerabilidad en México muestra cómo afecta la política social a las instituciones responsables de apoyar a esa minoría.

Por Redacción Yo También 

En México realmente se vive una emergencia social. Durante años, los llamados grupos vulnerables han permanecido en un ambiente de constante abuso, situación que se ha agravado con la pandemia por COVID-19 y sus diferentes consecuencias.

La emergencia sanitaria ha impactado en todos los ámbitos y los efectos se reflejan entre las personas con alguna discapacidad, aunque ciertamente no son un grupo exclusivo. Sin embargo, esta minoría, que es la mayor en el mundo, sí ha resentido las decisiones de política social que ha tomado el actual gobierno.

“La gestión de la pandemia en materia de apoyo a los grupos vulnerables, ha presentado ciertos inconvenientes tanto operativos como en el seguimiento de los objetivos del artículo 1° de los derechos humanos, apegados a la Constitución, donde la Política Social carece de una visión discriminatoria”, destaca un análisis de la organización Signos Vitales sobre la Discriminación y Vulnerabilidad en México que puedes consultar aquí.

El estudio es una radiografía de cómo el actual gobierno maneja la política social y cómo está afectando el recorte presupuestal de los organismos encargados de aplicarla como es Conapred, quien este 2021 tiene un recorte del 14.6% en su presupuesto, lo que implica  una reducción de más de 23 millones 600 mil pesos en sus recursos.

En 2020, ese Consejo recibió 161 millones 943,308 pesos para el ejercicio de sus funciones, sin embargo, el gobierno federal busca otorgarle 138 millones ,262,478 pesos para 2021.

En los hechos, pareciera que las decisiones de gobierno van en contrasentido a que dispuesto por la Constitución Política, que en sus artículos 1º, 2º y 4º consagra las garantías constitucionales en contra de la discriminación.

Las carencias en los marcos legislativos en materia de apoyo a los grupos vulnerables exhiben el lugar de dichos grupos en la agenda del gobierno. Desde el 10 de junio de 2011 no ha habido modificación a las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos en México ni su incorporación en la Política Social.

De acuerdo con el estudio, el paradigma de los derechos sociales en el país no ha  incorporado la idea de la discriminación, entendida como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo,  implicando consecuencias negativas en la vida de las personas que se relacionan con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.

En un país lleno de víctimas de todo tipo y resultado de múltiples y complejas circunstancias, la mayor relevancia del Ejecutivo federal debería implicar la comprensión de los derechos humanos en los grupos vulnerables y la vinculación de la Política Social con la discriminación.

Es decir, se trata de reconstruir el aparato público para construir el curso de desarrollo que se requiere para dar cumplimiento a lo que hace 10 años se decidió como el eje de articulación del proyecto nacional en el país, y con ello, traer la posibilidad de una vida plena y en dignidad para los mexicanos bajo un contexto de mayor riesgo por la crisis sanitaria.

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