Una reforma al Código Administrativo del Estado de Chihuahua permitirá que al menos cinco por ciento de las contrataciones de servidores públicos sean para personas con discapacidad (pcd), según lo aprobó el congreso de la entidad.
“En la contratación de personas trabajadoras o empleadas al servicio del Estado, se deberá tener un enfoque profesional e incluyente. El Estado procurará la contratación de al menos cinco personas con discapacidad, por cada 100 personas servidoras públicas, que reúnan el perfil requerido para trabajar o para desempeñarse”, indica el artículo 76 Bis agregado al Código Administrativo.
El 13 de junio de 2022, el grupo parlamentario de Morena presentó en el Congreso de Chihuahua una iniciativa que buscaba que al menos el 2 por ciento de la totalidad de la plantilla laboral del Estado estuviera compuesta de personas con discapacidad, una cuota a la que se llegaría progresivamente, según la propuesta. Pero ahora, en el papel, fue superada la meta.
Se trata de una de las escasas medidas que hay sobre la inclusión laboral en México, que permanece como uno de los pocos países en América Latina que no tiene a nivel nacional ningún sistema de cuotas para asegurar la incorporación al empleo de las personas con discapacidad.
¿Qué dice la reforma?
En el dictamen, la Comisión de Trabajo y Previsión Social explicó que se realizaron eventos en cinco ciudades de la entidad para consultar a las pcd, sus familiares y cuidadores, así como a organizaciones de y para pcd, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de consulta marcadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Precisamente en los foros de consulta, las pcd indicaron que se requería aumentar la cuota propuesta en la iniciativa de Morena.
“Una vez terminada la consulta en cuestión, se puede concluir que las personas asistentes en su totalidad consideran que establecer un porcentaje como mínimo es un comienzo sano, sin embargo, difieren de la intención de la parte iniciadora en cuanto al porcentaje por lo que propone se realice la reforma de conformidad con la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua”, indicó la iniciativa aprobada.
El ordenamiento citado indica que el Poder Ejecutivo de Chihuahua y los ayuntamientos, a través de sus entes públicos, deberán “procurar la contratación de cinco personas con discapacidad, por cada 100 servidores públicos existentes, que reúnan el perfil requerido para trabajar o para desempeñarse.”
¿Por qué se decidió?
La comisión determinó fijar en el 5 por ciento la cuota de inclusión para la plantilla de servidores públicos del Estado, una propuesta que obtuvo la aprobación por unanimidad de los legisladores presentes en la sesión, realizada el miércoles.
En el dictamen se consideró que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad de 2011, las pcd viven con “obstáculos preponderantes” como menor participación económica, tasas más altas de pobreza y mayor dependencia y participación limitada, circunstancias que dificultan el acceso a derechos como el acceso a la salud, la autonomía y el trabajo.
Durante agosto y septiembre del año pasado, en los seis foros realizados en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez, participaron más de 100 personas con discapacidad, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.
Además, estuvieron presentes miembros de las organizaciones Red Integración, Discapacidad y Desarrollo AC, Fundación Unidos por el Autismo, Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales AC, CERCC AC, Fundación Integra AC, Centro de Estudios para Invidentes AC, Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC, Fundación del Empresariado Chihuahuense AC y Amigos con Discapacidad Primer Paso AC.
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