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Así quedarán los organismos que quiere borrar la 4T

Fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador un hombre de edad adulta, cabello cano, rostro ovalado con expresión sonriente, está parado detrás de un atril con el escudo de México, hace un gesto torciendo la boca, viste un traje de color negro y corbata color naranja.

El polémico proyecto de fusión de dependencias gubernamentales amenaza con dejarlas sin decisión, presupuesto, ni autonomía.

Por Itzel Ramírez | Fotografía LSE Blogs

El ‘golpe’ que pretende dar el gobierno federal al fusionar 16 organismos federales con otras dependencias afectará los avances y políticas públicas de algunas de las instituciones más importantes en materia de combate a la discriminación y acceso a derechos universales.

La propuesta circulada la semana pasada establece que por una “simplificación orgánica” es necesario que los organismos considerados dejen de existir por sí mismos para integrarse dentro de secretarías, institutos y otras estructuras gubernamentales de mayor dimensión, lo que en los hechos se traduce en que pérdida de autonomía.

Los organismos descentralizados, regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuentan con capacidad de decisión y gestión -es decir, la facultad para tomar decisiones sobre su materia-, además de personalidad jurídica y patrimonio propios y órganos de gobierno colegiados.

Entre los entes descentralizados afectados está el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la institución rectora de políticas públicas en materia de discapacidad en México, que dejará de ser un organismo descentralizado para integrarse a la Secretaría de Bienestar.

En el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el ente responsable de las acciones para prevenir y eliminar la discriminación y de crear políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades, se propone su incorporación a la Secretaría de Gobernación, de la que actualmente es descentralizado.

Creado en 2003, el Conapred es una institución histórica por su origen ciudadano, con el antecedente de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, de marzo de 2001, con Gilberto Rincón Gallardo como presidente.

Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) descentralizado rector de política pública para el bienestar de esta población, también se propone su incorporación a la Secretaría de Bienestar, igual que Conadis.

Otro organismo descentralizado para atender a población en condición de vulnerabilidad, el Instituto Mexicano de la Juventud, estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La propuesta también incluye la desaparición de órganos desconcentrados encargados de otros grupos en condición de vulnerabilidad, como la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, que pasará al Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se integrará al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los órganos desconcentrados, aunque gozan de menor independencia que los descentralizados, también cuentan con autonomía técnica y con tareas exclusivas según la materia de su encargo.

Aunque no ha sido presentado oficialmente ante el Congreso de la Unión, fuentes de Presidencia aseguraron que el documento se encuentra en análisis. Al cierre de la edición, el área de prensa de la Secretaría de Bienestar, no respondió a la solicitud de entrevista para abundar sobre la propuesta.

El texto argumenta que la administración pública federal tiene estructuras “inútiles” con funciones duplicadas.

“… el aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados… en apego al marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico”, apunta el documento.

La “simplificación orgánica”, el término usado para justificar el decreto, ayudará a eliminar gastos innecesarios y que se colabore a la mejor administración de recursos tras la llegada de la pandemia sanitaria, según se aprecia en el texto.

“… hemos revisado la estructura operativa de la administración pública que necesita una simplificación y actualización a través de procesos de fusión o eliminación de órganos administrativos desconcentrados y descentralizados cuya existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico nacional o del interés público, por lo que se propone llevar a cabo una reingeniería que permita ejercer el presupuesto destinado a la estructura de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad”, añade la propuesta.

Advierten retrocesos

La decisión unilateral de fusionar instituciones rectoras en materia de discapacidad y discriminación significará retrocesos en materia de acceso a derechos, advirtió la senadora Claudia Anaya.

“Vamos a tener un retroceso, sin duda, porque aunque si bien es cierto que Conadis nunca logró tener la potencia política requerida, sí era un avance y un paso para que las cosas se mejoraran, para tener más poder de transversalización de política pública. Era además el lugar en el que las personas con discapacidad teníamos un espacio para hacer efectiva la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)”, comentó la legisladora en entrevista.

Anaya dijo que el gobierno de López Obrador ha apostado por las becas como la única medida para la atención de las personas con discapacidad, sin objetivos, metas, ni la transversalidad que requiere el diseño de política pública.

Agregó que la propuesta que analiza el Ejecutivo es el último paso para eliminar instituciones para las que nunca hubo intención de trabajar.

“Hay varias maneras de desaparecer los organismos: una es dejarlos sin presupuesto, otra es poniendo a personas que no saben del tema o, bien, dejándoles acéfalos, en el caso de Conadis ya habían sucedido todas las cosas, viene el remate, esto es el remate legislativo”, aseguró la senadora del PRI.

Julieta Macías Rábago, exdiputada por Movimiento Ciudadano, manifestó a través de su cuenta de Twitter que el plan del presidente concuerda con la de un gobierno autoritario.

“Amlo quiere terminar su sexenio ocasionando el mayor daño posible; desaparecer el órgano rector anticorrupción y a los órganos defensores de derechos humanos deja claro que este es un gobierno autoritario que solo quiere control y concentración de poder.

La pérdida de autonomía/desaparición de @inecc_gob_mx @IMTA_mx @CONAPRED @INAPAM @CONADIS_MX Comisiones de Seguridad Nuclear, para Uso Eficiente de Energía, @SIPINNA_MX representa un grave retroceso para los Derechos en un país con múltiples crisis que requieren especialización”, escribió Macías.

En el mismo sentido se pronunció el diputado del PAN Juan Carlos Romero Hicks, también a través de su cuenta de Twitter.

“Atacar las #autonomías es una expresión más de la concentración de poder. Pareciera que destruyen por la incapacidad de construir. Además de 16 organismos en riesgo. Bajo ataque del #Austericidio”, aseguró.

Fernando Nieto Morales, Investigador del Centro de Estudios Profesionales del Colegio de México y especialista temas de administración pública, dijo que tras analizar el documento de propuesta de decreto, no hay evidencia de que las instituciones que desaparecerán hayan sido ineficientes.

  1. «La iniciativa no ofrece *un solo dato* o pieza de evidencia que justifique la idea de que las orgs a desaparecer son irrelevantes, inefectivas o ineficientes.
  2. No hay el más mínimo análisis financiero que permita entender el supuesto ahorro que generaría la reorganización.
  3. Tampoco hay un estudio organizacional que ofrezca seguridades de que las responsabilidades a cargo de estas orgs… pueden absorberse eficazmente por el sector central”, argumentó el investigador en la misma red social.

Dentro del documento, en el que no se detalla si será enviada primero al Senado o a la Cámara de Diputados, hay otros organismos que se propone fusionar.

Entre los descentralizados están el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que pasará a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que se integrará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que irá a la Comisión Nacional del Agua.

De los organismos desconcentrados aparecen la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) que pasará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que irán a la Secretaría de Energía, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá los servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, y de Inspección y Certificación de Semillas, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se integrará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de la Economía Social irá a la Secretaría de Bienestar.

Adicionalmente se propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para dejar sus facultades en manos del Comité Coordinador del mismo SNA.

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