“Así de radical tiene que ser la reforma que piden”: Malú Micher

La presidenta del Comité de Equidad de Género prometió tomar en cuenta las propuestas de organizaciones y activistas para incluir a las mujeres con discapacidad en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres.

La presidenta del Comité de Equidad de Género prometió tomar en cuenta las propuestas de organizaciones y activistas para incluir a las mujeres con discapacidad en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres.

Por Katia D’Artigues 

El viernes 26 de febrero a las 13 horas, un grupo de organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad nos reunimos con la Comisión de Equidad de Género del Senado, a distancia. Pedimos una cita tras mandar una propuesta para incluir cambios a una minuta de la Cámara de diputados de reforma de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres que no contempla a mujeres con discapacidades. 

Fuimos recibidas por Malú Micher, presidenta de la Comisión, integrante de la bancada de Morena, así como Kenia López Rabadán, del PAN. Conectados estuvieron parte de los equipos de otras senadoras que pertenecen a dicha comisión. La reunión completa la puedes ver aquí. 

Fue una reunión productiva en la que ambas senadoras se comprometieron a tomar en cuenta las 7 propuestas (en resumen) que pedimos y a colaborar con organizaciones de la sociedad civil para evitar que las mujeres con discapacidad sigan siendo “las hermanas olvidadas de las mujeres”, como dijo Maryangel García Ramos, fundadora de Mexicanas con discapacidad, una de las organizaciones que promueven estos cambios, junto con Human Rights Watch, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad; Equis, Justicia para las mujeres; Documenta, el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, Fundación para la Inclusión y Desarrollo de personas con Discapacidad, AC y Yo También, AC.

También participó Amalia Gamio, experta independiente del Comité de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, quien recordó que todo lo que estamos pidiendo es algo que ya está en la Convención, es obligación del Estado cumplirlo y además dijo que no se han cumplido recomendaciones que este comité le hizo al Estado Mexicano en el 2014 y que este año de nuevo, como país, seremos evaluados ante ese comité sobre el cumplimiento -o no- de la Convención, que tiene un mecanismo de seguimiento.

La reunión se transmitió por el Canal del Congreso, también, aunque sin intérprete en Lengua de Señas Mexicanas, cosa que Carlos Ríos Espinosa, de Human Rights Watch, hizo ver. 

Cifras y datos duros, durísimos

En la presentación que hizo a nombre del colectivo, García Ramos señaló datos duros:

-Según el Censo 2020 del INEGI habría 11 millones de mujeres con discapacidad en México.

-Es el grupo interseccional más discriminado, según la Enadis.

-En México no existen datos desagregados sobre violencia de género y discapacidad.

-Sólamente el 27.6% de las mujeres con discapacidad es económicamente activa en México contra el 52.9% de los hombres con alguna discapacidad (INEGI 2015).

Aunque en México no tenemos datos, a nivel global sí:

-8 de cada 10 mujeres con discapacidad son víctimas de violencia, especialmente sexual.

-Las mujeres con discapacidad presentan un riesgo 10 veces mayor que el resto de las mujeres a vivir agresiones sexuales, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Las 7 peticiones

Basadas en la minuta aprobada en la Cámara de diputados, que ahora debe revisar el Senado, las organizaciones propusimos 7 puntos básicos:

  1. Asegurar que los modelos de atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres incluyan a las mujeres con discapacidad. Especialmente en la atención de los Centros de Justicia para las Mujeres y los refugios.
  2. Establecer una medida de protección de emergencia específica para que las mujeres con discapacidad (con requerimientos de apoyo) puedan escapar de sus agresores.
  3. Incluir la obligación de realizar ajustes de procedimiento y ajustes razonables para la inclusión de mujeres con discapacidad.
  4. Obligar que los refugios de mujeres y centros de justicia para las mujeres sean accesibles para mujeres con discapacidad, incluida la comunicación en Lengua de Señas Mexicana para mujeres sordas.
  5. Establecer la obligación de realizar visitas domiciliarias en hogares, instituciones públicas o privadas, donde se encuentren mujeres con discapacidad cuando exista información creíble de que probablemente estén siendo víctimas de violencia.
  6. Asegurar la participación activa de organizaciones de mujeres con discapacidad en la evaluación e implementación de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres.
  7. Siempre contemplar los principios de interseccionalidad y la perspectiva de discapacidad en toda la ley.

Pedimos a las senadoras que tomen en cuenta la propuesta que les hicimos, que convoquen a una consulta para escuchar más voces de mujeres con discapacidad y les ofrecimos que fueran nuestras aliadas para evitar la mayor exclusión de mujeres con discapacidad.

Aquí está la presentación (en power point) que hizo García Ramos a nombre del colectivo.

La respuesta de las senadoras

La respuesta de las senadoras Micher y López Rabadán fue empática. Micher incluso agradeció la “insistencia” de las organizaciones por poner sobre la mesa el tema. 

“Así de radical como están proponiendo deben de ser los Centros de Justicia para las mujeres”, dijo la presidenta del Comité de Equidad de Género, quien prometió que se tomarán en cuenta las propuestas y que si alguna no se incluye se darán argumentaciones de por qué no se pudo. Pero dijo: “No creo que sea así”. 

López Rabadán dijo que acompañaba cada una de las siete propuestas en resumen. “Nos sirven como faro de guía”. Destacó la importancia de las medidas de protección. “Claramente los centros de justicia no son accesibles y sí deben serlo”, dijo la senadora del PAN. Llamó a que todos los partidos acompañen la propuesta. 

Me gustó escuchar que Micher dijo que “una perspectiva de discapacidad” (así como de género y por edad (etaria)) es necesaria en todas las leyes, como apuntó García Ramos en una intervención posterior y en la que insistimos siempre desde Yo También

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