El gobierno federal de AMLO busca que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, un programa opaco, sin metas claras y con irregularidades detectadas por cientos de millones de pesos, tenga para Presupuesto 2024 y en pleno proceso electoral un aumento de más de mil millones de pesos (mdp).
De acuerdo a un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 entregado el viernes por la tarde por la Secretaría de Hacienda, otros programas destinados a la salud, educación y desarrollo integral de las personas con discapacidad, contarán con aumentos menos significativos o incluso se mantendrán con el mismo presupuesto del año pasado, lo que en términos reales implica un decremento.
La Pensión para el Bienestar de las pcd: aumenta, pero no es universal
Para 2024, el último año de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal propone que la Cámara de Diputados autorice 27 mil 860 millones 384 mil 865 pesos para la pensión a personas con discapacidad (pcd), que en 2023 tuvo un monto etiquetado de 26.5 mil millones de pesos.
En los Criterios Generales de Política Económica para este presupuesto 2024, queda claro que no se contempla la universalización de esta pensión, que seguirá dependiendo de la firma de convenios con gobiernos estatales.
En este documento se advierte que la pensión se destinará para:
- Niñas, niños y adolescentes de 0 a 29 años de edad.
- Para personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 65 años que tengan discapacidad permanente y que “habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto o muy alto grado de marginación”.
Al llegar a más de 27 mil millones, este programa se convierte en el quinto más importante dentro de los 15 prioritarios de esta administración, tan solo detrás de la “Pensión para Personas Adultas Mayores”, los diverso programas de becas, “Sembrando Vida” y “La Escuela Es Nuestra”.
El programa estrella del gobierno de López Obrador para la discapacidad cerrará con un presupuesto mucho mayor al inicial de 8 mil 500 pesos en 2019, cuando inició operaciones.
| Año | Presupuesto otorgado (millones de pesos) |
|---|---|
| 2019 | $8,500 |
| 2020 | $14,197 |
| 2021 | $16,614 |
| 2022 | $20,037 |
| 2023 | $26,577 |
| 2024 | $27,860* |
Fuente: Informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda
*Se refiere a lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024, disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2024
De acuerdo al Quinto Informe de Gobierno, las 19 entidades en los que la pensión es universal, gracias a convenios con los gobiernos locales son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, CDMX, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció a finales de agosto que una de las cuatro reformas legales que buscará impulsar el gobierno en su último año de administración será que las pensiones a personas con discapacidad sean universales.
Según los últimos datos, la pensión de 2 mil 950 pesos bimestrales (unos 86 dólares mensuales) actualmente llega a 1 millón 300 mil personas beneficiadas.
Alerta: el extraño aumento en programas con “ejecución cero de avance”
En el proyecto del PEF que analizamos a continuación rubro por rubro, se advierte que algunos programas para pcd contarán con más recursos para el próximo año, aunque una revisión a la ejecución del gasto durante este año exhibe que durante los primeros seis meses de 2023, de enero a junio, el gobierno federal ha decidido no ejercer ni un solo peso.
Eso se puede saber al revisar los informes trimestrales de gastos que, por ley, hace públicos la misma secretaría de Hacienda. Esto es para detallar cómo se han gastado los recursos aprobados en el PEF. Hay programas que, aunque tengan un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados y “etiquetado” para ese uso, no se ejercen en el periodo que corresponde.
Esta falta en la ejecución de gasto levanta alertas, pues implica que no se alcancen las metas y que, por lo tanto, no se cumpla con los objetivos de los programas, es decir, que no se beneficie a las pcd para las que se etiquetó el dinero público.
Educación: se fortalece educación especial pero no educación media superior
El programa “Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad” (PAPPEMS, antes PAPFEMS), que tiene por objetivo mejorar el acceso de las personas con discapacidad a servicios educativos en planteles públicos de educación media superior a través de infraestructura física, materiales didácticos, tecnologías de la información y proyectos especialmente diseñados es un caso de “ejecución cero”.
El programa que ejerce la Secretaría de Educación Pública (SEP), programa tuvo en 2023 un presupuesto de 28 millones 503 mil 887 pesos y el gobierno propuso que para el año entrante tenga 29 millones 879 mil 397 pesos.
Al revisar el informe trimestral de gasto de enero a junio de 2023 se observa que la SEP no ejerció ni un solo peso del programa, que ni siquiera tiene autorizado su gasto, por lo que el porcentaje del cumplimiento de metas es nulo.
Por otro lado, el proyecto del PEF 2024 busca que los recursos para el “Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial” (PFSEE) pasen de 755.9 millones a 792 millones 406 mil 219 pesos.
Este programa sí ha cumplido con sus metas de ejecución, pues al primer semestre del año llevaba un avance de gasto del 99.2 por ciento.
Salud: aumento, pero sin ejercicio de presupuesto
En el mismo caso de subejercicio está el “Programa de Atención a Personas con Discapacidad” del Ramo 12, correspondiente a la Secretaría de Salud.
Para este año, ese programa tuvo un presupuesto de 28 millones 231 mil 259 pesos y para el 2024, el gobierno pidió que se incrementara a 41 millones 102 mil 121 pesos.
Lo que podría parecer una buena noticia, no necesariamente lo es, pues al igual que el programa de educación media superior para pcd, éste que está relacionado a la salud tampoco tiene ninguna autorización de ejecución, cero pesos gastados y, por tanto, no tiene avances en cumplimiento dentro del primer semestre del 2023.
Esto no había pasado: en el mismo periodo, pero de 2022, este programa ya había ejercido el 96 por ciento de sus recursos, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este subejercicio también se observa en el programa “Atención a Personas con Discapacidad” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tuvo un presupuesto de 338 mil 914 pesos para este año y que se mantendrá sin cambio para 2024.
De acuerdo con los informes de Hacienda, este programa tiene cero pesos ejercidos.
Por otra parte, uno de los institutos que más usan las pcd es el “Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra” que depende de la secretaría de Salud. Este año tiene un presupuesto de mil 559 millones 677 mil 427 pesos para la atención a la salud; este año por el mismo concepto tuvo mil 476 millones 511 mil 494 pesos.
CNDH: El Mecanismo de Monitoreo de la Convención
De los programas destinados específicamente a las pcd está el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Es decir, este programa nació para darle seguimiento a cómo se aplica, en México, esa convención de derechos humanos que estamos obligados a cumplir desde el 3 de mayo de 2008.
Perteneciente al Ramo 35, este programa tendrá una disminución, pues pasará de 15 millones 318 mil 191 pesos que tuvo para este año a 13 millones 276 mil 652 pesos propuestos para 2024.
Aunque fue instalado desde 2015 y cuenta con un presupuesto público -desde que nació siempre superior a los 10 millones de pesos por año-, el mecanismo no ha cumplido con algunas de sus obligaciones legales, como crear un registro nacional de hechos violatorios a los derechos de las pcd, elaborar un informe anual -sólo se han hecho dos hasta ahora-, o tener público su programa anual de trabajo, como documentamos en Yo También.
Este Mecanismo actualmente es llevado por Eliseo Guajardo Ramos, académico especialista en el tema de la discapacidad, que sustituyó recientemente a Rosalinda Morales Garza, desconocida para el sector.
¿Y el Conadis?
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad (Conadis) aún no ha desaparecido del presupuesto aunque todo este sexenio no ha tenido una persona titular.
Aunque aún tiene el encargo, dado por la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad que no se ha modificado de “establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida”, en los hechos se volvió una dirección más de la secretaría de Bienestar a cargo de Ariadna Montiel.
Para este PEF tiene un presupuesto anual de 37 millones 62 mil 607 pesos.
¿Qué sigue ahora?
De aquí al 15 de noviembre, plazo fijado por la ley, la Cámara de diputados discutirá y aprobará el PEF 2024. El proyecto será discutido por las fracciones parlamentarias en los próximos días y podría tener modificaciones.
En la entrega del paquete económico, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el gasto de protección social ha aumentado un 40 por ciento en términos reales respecto a 2018 y que 7 de cada 10 hogares mexicanos ha recibido algún apoyo a través de los programas sociales del gobierno federal.
El Artículo 23 del PEF consigna, como cada año desde 2011, que las dependencias y entidades, bajo la coordinación de la secretaría de Bienestar, deben entregar a más tardar el último día hábil de octubre un reporte a ambas cámaras sobre las acciones que realizaron que “promuevan la inclusión de personas con discapacidad”. Esto llega directamente a la Comisión de presupuesto.
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