Alzan la voz contra propuesta de código que viola los derechos de las personas con discapacidad

Por Itzel Ramírez

Debido a que perpetúa la figura de la interdicción y a que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicaron un comunicado en el que se pronuncian en contra de la iniciativa de Morena para la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Seis de los nueve integrantes del consejo llamaron la atención sobre cómo la legislación propuesta significa una amenaza para los derechos de las pcd.

“… el proyecto de Código podría representar un grave retroceso en materia de derechos humanos de este colectivo, pues si bien elimina el término ‘interdicción’ de su fraseo, no elimina las restricciones a la capacidad jurídica sino que, por el contrario, mantiene el sistema sustitutivo de la voluntad”, indica la carta, difundida a través de las cuentas de Facebook y Twitter de algunas de las personas que integran el consejo consultivo.

En la misiva se recuerda que otros países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Perú y Colombia han pasado a un modelo en el que se garantiza que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, una circunstancia que se pone en riesgo con la propuesta presentada en el Senado por los legisladores Ricardo Monreal y Julio Menchaca.

“Las y los consejeros aquí firmantes, queremos recordar que México, como Estado parte de la Convención de ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está obligado a reconocer y garantizar la personalidad y capacidad jurídica de este colectivo, así como a llevar a cabo las medidas necesarias ‘para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica’”, asegura la carta, firmada por Adalberto Méndez López, Tania Espinosa Sánchez, Jorge Alejandro Saavedra López, Bernardo Romero Vázquez, Georgina Diédhiou Bello y Gloria Ramírez Hernández.

El pasado 2 de febrero, en Yo También publicamos una nota sobre cómo este proyecto, de aprobarse en sus términos, supone una vulneración al acceso a la justicia para las personas con discapacidad.

En entrevista, el consejero Adalberto Méndez López aseguró que esta propuesta encierra graves retrocesos.

“El primer gran peligro es que es una reforma regresiva, pero tiene un tema adicional que es más complejo y es que no solamente no se elimina el sistema sustitutivo sino que se disfraza de manera perniciosa. El código elimina por completo la palabra interdicción, no la vuelve a utilizar y eso pudiera confundirse con que el código la destierra, y si vemos no solo no la destierra, sino que la encubre, pareciera ser engañosa”, manifestó el consejero.

Recordó además que mantener los sistemas de sustitución de la voluntad van en contra de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en la materia, por lo que este nuevo código abriría un nuevo camino procedimental.

Méndez criticó que en estos tiempos haya todavía intentos por vulnerar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad.

“Creo que hay un profundo desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los legisladores y no nada más en el ámbito de capacidad jurídica, el desarrollo normativo en este sexenio ha sido contrario al respeto a los derechos de las personas con discapacidad, tenemos ahí la intención de desaparecer a Conadis, la persistencia presidencial de desaparecer otros organismos”, agregó.

Dijo además que el hecho de que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) haya participado en la elaboración del proyecto da cuenta del atraso que tienen las y los juzgadores por conocer el entramado de derechos humanos.

“Es un poco alarmante que así haya participado la Conatrib porque estamos hablando de que las y  los juzgadores deberían conocer lo que establece el derecho mexicano, si consideramos lo que ha resuelto la corte, entonces estamos viendo que los propios tribunales hacen caso omiso del respeto a la voluntad jurídica”, expuso.

Aseguró además que este tipo de reformas se acercan más al modelo estadounidense con la idea de que el Estado cuida de las personas como justificación para la interdicción.

“El caso de Britney Spears está poniendo en la mesa cómo estos sistemas fallan, con esta reforma estamos yéndonos más a un modelo americano”, concluyó.

En la carta de las y los consejeros se invita a la Cámara de Senadores a modificar la propuesta para que sea congruente con las disposiciones en tratados y convenciones internacionales y se hace una invitación a que las personas con discapacidad participen en la discusión del código.

“Defender al pueblo incluye a todas y todos, por lo que la defensa de las personas con discapacidad también es defender al pueblo. No olvidemos la máxima de este colectivo, nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”, afirma el texto.

Mauricio Ignacio Ibarra Romo, María del Rosario Torres Mata y Ángel José Trinidad Zaldívar fueron los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH que no firmaron la carta.