Por Sabina Itzel Hermida Carrillo
Lo reportado en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública es devastador para la educación de las personas con discapacidad atendidas por los servicios de Educación Especial y por la mal llamada educación “regular”. La magnitud real del desastre es inimaginable; porque la realidad siempre es más cruda que lo que reportan las instituciones.
Ante esta problemática, urge preguntarnos: ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué faltó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué pudo hacerse mejor?
Nos enfrentamos a un retroceso que impacta profundamente en el ejercicio del derecho a fundamental a la educación de aquellos que durante siglos fueron considerados como “ineducables”, la pandemia no solamente sacó a la luz las grandes problemáticas que enfrenta el Sistema Educativo Nacional, sino que agudizó la desigualdad, la precarización y la exclusión de los grupos históricamente vulnerados.
Lo preocupante:
La SEP no parece interesada por la situación y es imposible saber si los 42,215 alumnos con discapacidad que abandonaron la escuela en este último año volverán algún día a las aulas. Yo creo que no, lamentablemente no.
En 2019 la Reforma Educativa estableció la inclusión como uno de los ejes rectores del sistema educativo y mandató la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que hiciera realidad dicha inclusión y contribuyera a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Los cambios constitucionales fueron celebrados por muchas organizaciones y grupos empresariales que se pronunciaron abiertamente por la desaparición de la Educación Especial al considerarla “excluyente” y “violatoria de derechos”. La evidencia nos muestra que lo están logrando: sin formación de maestros especialistas, sin espacios educativos accesibles, sin materiales y con cada vez menos alumnos y alumnas, nuestra disciplina está muriendo por inanición.
En los años 90´s nos hablaron de Integración y de “Educación para todos”, hoy nos hablan de inclusión y de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, esto mientras únicamente el 25% de las personas con discapacidad en edad escolar, asiste a la escuela. ¿Dónde están los demás? ¿Qué se está haciendo por ellos?
Imposible e imprudente responsabilizar a la pandemia del desastre, el impacto hubiera sido menor en un sistema educativo sólido y equitativo; el impacto hubiera sido menor si se hubiera tomado en cuenta a la comunidad (maestros, maestras, padres de familia, alumnos y alumnos, trabajadores) para la construcción de una estrategia efectiva.
Ante esta catástrofe, es mucho lo que se puede decir, lo más importante es ¿Qué se va a hacer? Ojalá la SEP nos dé una respuesta.
