Fotografía de Brely de la Cruz y Flores, una joven con Síndrome Down que se encuentra de pie delante de una pared rosa, lleva puesta una blusa color verde agua y tiene una gran sonrisa en el rostro.
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Alumna con síndrome de Down logra entrar a la universidad tras ampararse

Después de un segundo intento por entrar a la Escuela Normal Experimental de San Juan Sabinas en Coahuila, Brely de la Cruz solicitó el apoyo de un juez y logró su incorporación académica.

Por Karina González Fauerman         

Con el deseo de cursar estudios de Educación Preescolar, Brely de la Cruz y Flores presentó el examen de admisión en la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila. Días después llegaron los resultados y fue cuando la joven que tiene síndrome de Down se enteró que su ingreso no era posible por no alcanzar el puntaje necesario.

“Me mantuve positiva, no me rendí e hice un segundo intento y gracias a eso entré como alumna libre (puedes tomar las clases en el instituto, pero el nombre del estudiante no está registrado en control escolar). Después de que presentamos el caso de amparo por orden del juez ingresé como alumna regular.

“Los docentes sí conocían sobre mi discapacidad, pero no hubo adecuaciones curriculares al aplicar al examen, como preguntarme de qué forma podían ayudarme o si quería hacer una pausa para tomar agua”, explica Brely, quien actualmente cursa vía remota el segundo semestre de la licenciatura en esa institución, de la que Yo También buscó conocer su postura, pero no obtuvo respuesta.

En el camino la joven de 21 años se encontró con distintos obstáculos, principalmente emocionales, ya que, antes de ser alumna regular, se sintió presionada y un poco excluida.

“Llegué a dudar de mí. Solo con mi familia podía ser yo misma con la certeza de que no me juzgarían. Por eso, si alguien pasa por algo similar a mí, le aconsejo buscar apoyo entre sus seres queridos y encontrar confianza en uno mismo para superarse”.

El mayor sueño de Brely es abrir oportunidades a quienes no se les permite tener una voz. Además, asegura, tiene muy clara su vocación profesional.

“Amo mucho a los niños y tengo fe en que nos llevarán a un mejor futuro; algunos quieren seguir los mismos pasos de sus maestros y estudiar Educación, así que estamos sembrando a una nueva generación de docentes que a su vez capacitarán a otra. Es un ciclo de oportunidades y de aprendizaje que se repite”, subraya Brely, quien comparte que ninguno de sus compañeros tiene discapacidad y no la juzgan por su apariencia. 

Respaldo legal 

El caso de Brely llegó a las manos de Juan Marcos Dávila Rangel, juez Tercero de Distrito con residencia en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, quien asegura que la inclusión es un tema pendiente de regulación en cada una de las escuelas normales. 

De acuerdo con el experto, el artículo tercero de la Constitución Mexicana, en su fracción X, trata sobre el derecho humano a la educación superior con un enfoque inclusivo, esto es, que permite a toda persona, independientemente de sus capacidades, físicas o intelectuales, tener acceso a ese nivel educativo.

“Cuando la parte quejosa (que obtuvo 814 de 950 puntos necesarios para ingresar a la escuela) nos solicitó el juicio de amparo, observamos que había un derecho violado a la inclusión de la educación superior. Le dimos una suspensión para que pudiera integrarse inmediatamente a la matrícula de la Escuela Normal. 

“Tuvimos problemas para que se cumpliera el juicio de amparo y que pudiera asistir temporalmente a clases; bajo esa perspectiva se activaron unos mecanismos para forzar a la autoridad a que cumpliera la suspensión”, explica Dávila Rangel.

El paso final del juicio, subraya el juez, es la sentencia. En ella se ordena que la alumna pueda estar plenamente integrada a la matrícula de la Escuela Normal, sujeta a su desempeño académico; además, se explica que la autoridad debe hacer los ajustes razonables para que cumpla con la solicitud de inclusión. 

La sentencia no ha sido impugnada mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito. Tienen las autoridades educativas y la quejosa, 10 días para hacerlo, a partir de que reciban la notificación de la sentencia.

“Las autoridades educativas deben regular su normatividad interna y las políticas para la admisión superior. De nada sirve que los artículos estén en la Constitución si no los tienen claros desde su reglamento. 

“Si bien hay que realizar modificaciones en la propia infraestructura de los inmuebles, no solo hay que quedarnos en lo físico. Poner rampas es un primer paso, sin embargo, nos falta bastante para tener una perspectiva de inclusión”, precisa.

Desde su punto de vista, las personas con discapacidad tienen derecho gozar de los derechos humanos y estudiar sin límite licenciaturas, maestrías y doctorados. 

Refiere que la alumna requirió una enorme valía y su caso representa un ensanchamiento del derecho a la educación superior para las personas con discapacidad. 

“Hay que fijarnos en quiénes necesitan los apoyos, pues algunos requieren que se le pongan ladrillos para que se nivelen con los demás y así lograr una sociedad inclusiva”.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Coahuila puntualiza que, a través de diferentes programas y convenios con la Subsecretaría de Inclusión, fomenta la educación inclusiva. Asimismo, el Gobierno de Coahuila afirma que uno de sus ejes es tener un desarrollo social, incluyente y participativo con el objetivo de fortalecer las condiciones para brindar educación con equidad, inclusión, igualdad de género, no discriminación y no violencia en las escuelas de todos los niveles, grados y modalidades.

Asesoría jurídica

Si alguien se encuentra en una situación similar a la de Brely, el juez Juan Marcos Dávila recomienda buscar un asesor jurídico en alguna organización civil. Si no encuentra apoyo, aconseja acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública (número 800) quien brinda asesoría gratuita para presentar la demanda.