Más de 500 ONG’s rechazan propuesta de reforma del Ejecutivo federal

Organizaciones de la Sociedad Civil se unen para hacer un llamado al Congreso de la Unión para que no aprueben la iniciativa que desaparece o fusiona 18 organismos.

Más de 500 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión para que impidan el avance de la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados en días pasados por el Ejecutivo federal para desaparecer o fusionar 18 organismos y entidades federales.

A través de un comunicado, sostiene que durante años, el poder legislativo luchó por la creación y el desarrollo de esas instituciones, entre las que destacan el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

“Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte, o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes”,

citan según lo publicado por El Universal.

Las organizaciones firmantes resaltan que la iniciativa contradice el marco constitucional pues se afecta el Principio Pro Persona, el Interés Superior de la Niñez y la búsqueda de la Igualdad de Género, “en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población”.

“No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados”, dice la carta.

“Por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles”.

Argumentan que la propuesta representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales, porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas”, señala la carta.

Por Redacción Yo También | Fotografía de Expansión

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